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EUPV denuncia la situación en la que el Ayuntamiento mantiene a trabajadores del Centro de Apoyo a la Inmigración

    La coordinadora de Esquerra Unida de la ciudad de Valencia Rosa Albert ha denunciado hoy la situación en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Primera Acogida de Inmigrantes (S.P.A.I.) del Centro de Apoyo a la Inmigración dependiente del Ayuntamiento de Valencia. “No es tolerable que un gobierno municipal que se supone progresista mantenga la externalización de la atención a las personas extranjeras sin hogar. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia está manteniendo una situación que se arrastra desde los años del Partido Popular sin mostrar ninguna voluntad de revertirla, lo que se traduce en un déficit en la atención a las personas migrantes y personas sin hogar así como que los trabajadores y trabajadoras de la contrata trabajen sin recursos para desarrollar su actividad”. Ha recordado que en el 2014 una sentencia condenó al Ayuntamiento de Valencia por despido improcedente al haberse probado una cesión ilegal de trabajadoras. Esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que confirmaba una sentencia del Juzgado de lo Social, desmontaba la teoría sostenida por el PP en aquel momento y ahora por el gobierno actual   por la que se   desligaban las actuaciones de las contratas de los servicios privatizados. “El Ayuntamiento tiene una responsabilidad y la sentencia lo demuestra y, por tanto, esto creó un precedente muy importante que ignoró el PP y que parece que ignoran ahora también un gobierno supuestamente progresista”, ha asegurado.

    En concreto se contrató la prestación del servicio de información y asesoramiento para jóvenes relativo al acceso a viviendas y en el año 2006 el servicio de información y gestión de la hipoteca joven. En el 2008 el objeto de la contratación pasó a ser la prestación del servicio de información y asesoramiento para jóvenes relativo al acceso a viviendas en alquiler o propiedad y la gestión de la hipoteca joven. El fallo del TSJCV declaraba probado que las trabajadoras “prestaban servicios en los locales de la Concejalía de Juventud utilizando cuentas de correo, una aplicación informática y el servicio de SMS que le proporcionaba el Ayuntamiento y que quien daba las instrucciones a las trabajadoras adscritas a la contrata era el personal del Ayuntamiento concurriendo, por tanto, las circunstancias para que se condenara al Ayuntamiento por una cesión ilegal de trabajadores”. “Nos parece que estamos ante una situación muy similar y que en todo caso el gobierno debe cumplir con sus promesas electorales y dar la cara ante los y las trabajadoras”.

    La coordinadora de la formación de izquierdas ha señalado  que “mientras el equipo de gobierno saca pecho del convenio laboral y los derechos de los trabajadores de la Corporación, los trabajadores y trabajadoras que se encargan de algo tan importante como es la atención a las personas migrantes más excluidas se quedan al margen y esperando la vía judicial tras inspección de trabajo porque el Ayuntamiento se ha negado a hablar y aportar una solución para integrar esta actividad en la gestión directa”.

    “El equipo de gobierno demuestra una vez más su falta de interés por revertir las políticas del Partido Popular y lo demuestra optando por esperar a que sean los Tribunales quienes intervengan para esclarecer la situación laboral de estos trabajadores y trabajadoras”, ha añadido Rosa Albert. 

    Tal y como ha señalado la coordinadora de EUPV en Valencia, “un gobierno que se dice progresista debería al menos preocuparse por la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos y no escudarse siempre en el posibilismo y en la Ley Montoro”. 

    “Desde Esquerra Unida seguimos y seguiremos defendiendo la remunicipalización de los servicios sociales que han sido privatizados o externalizados mediante convenios de colaboración o contratas, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios públicos, realizar una mejor gestión en el gasto y garantizar puestos de trabajo estables y de calidad”, ha concluido Albert.

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