Las plazas de aparcamiento bajo subsuelo público podrán venderse en régimen de propiedad

La Comisión de Desarrollo Urbano ha aprobado esta mañana una modificación puntual de las normas urbanísticas del PGOU que rigen la construcción de aparcamientos bajo subsuelo público, de manera que estos puedan venderse en régimen de propiedad en determinados supuestos y no sólo en concesión, como hasta ahora, tras su valoración y aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento.

Así lo ha explicado el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, tras la aprobación provisional por parte de la Comisión, sin que se haya recibido ninguna alegación, tras la fase de exposición pública de la modificación de las normas urbanísticas del PGOU, que permitirán que los aparcamientos bajo subsuelo público puedan venderse en propiedad en los supuestos que haya propuestas y el Pleno del Ayuntamiento las valore y acepte.

Durante los mandatos de anteriores gobiernos municipales se habían producido dos modificaciones puntuales, para el aparcamiento de la Generalitat en la plaza de Viriato y otra para 49 aparcamientos, todos de titularidad privada, que ocupan subsuelo público (Aqua, Arena, el Corte Inglés de la avenida de Francia, otros vinculados a viviendas, etc.), y uno público construido por la Generalitat en la plaza del Árbol.

Pero hasta ahora podían venderse exclusivamente en régimen de concesión, lo que suponía un obstáculo para que los residentes pudieran acceder a una plaza y liberar espacio público. Con esta nueva redacción de las normas urbanísticas, cuando el Pleno del Ayuntamiento acepte las propuestas presentadas se modificará el planeamiento del subsuelo, que será dotacional privado, y permitirá convocar concurso para su adjudicación con el pliego de condiciones aprobado por el Ayuntamiento y la cuantía a abonar por el Ayuntamiento, en sustitución del canon anual que actualmente se paga por la concesión.

"No se trata de hacer caja", ha señalado Sarrià, sino de que los aparcamientos tengan utilidad para su objetivo, que es liberar espacio de las calles para mejorar la movilidad e incrementar la seguridad de las personas en sus desplazamientos, así como lograr nuevos espacios con calles y plazas para el uso y disfrute de los vecinos, en espacios recuperados al aparcamiento en el viario de los coches.

LA REVISIÓN DEL PEPRI DE PATRAIX

La Comisión ha declarado la caducidad del programa de actuación integrada para el desarrollo de la Unidad de Ejecución 7 del CHP de Patraix, en función de los reiterados incumplimientos de todos los compromisos adquiridos por la mercantil Mercadantie Inmuebles SL, que ejercía de agente urbanizador, así como de los requerimientos del Ayuntamiento para que presentara el proyecto de urbanización o el pago de una expropiación de terrenos a sus propietarios incluida dentro del PAI.

De esta manera, la Unidad se incorporará nuevamente, con las modificaciones que procedan, en el marco de la revisión del planeamiento que se está haciendo del PEPRI de Patraix, dentro del proceso participativo en marcha. Así, el entorno de la calle del Venerable Agnesio podrá ser urbanizado por un nuevo agente, incluyendo la zona verde pública prevista.

Tal como ha manifestado el concejal Sarrià, "la apertura y urbanización de esta calle va a suponer una mejora directa del núcleo histórico de Patraix". El edil ha recordado que recientemente también ha caducado el PAI de la UE-2 del mismo ámbito, por inactividad del agente urbanizador, pero desde la Delegación de Desarrollo Urbano se ha gestionado un convenio con los propietarios que permitirá la protección de la nave principal, que se rehabilitará, y la apertura y peatonalización de la calle Salabert, que supone para los vecinos un estrechamiento y un ámbito de degradación urbanística que será resuelto el próximo año.

La urbanización de esta calle se llevará a cabo con cargo a la partida de 600.000 euros que el agente urbanizador del sector Patraix entregó al Ayuntamiento para actuaciones urbanísticas en el barrio.

PLANES DE REFORMA INTERIOR DE LOS CUARTELES DE SAN VICENTE

La Comisión de Desarrollo Urbano también ha aprobado exponer al público la corrección de errores de los dos planes parciales del Parque de Ingenieros y Parque de Artilleria, a petición de SEPES, ya que han solicitado corregir algunos observados respecto a las mediciones de parcelas y ajustes de edificabilidad, sin que ello suponga incremento alguno.

Sarrià ha recordado que esta corrección de errores afecta exclusivamente a pequeños cambios aritméticos del planeamiento, pero no al programa de actuación integrada, PAI, que SEPES debe ejecutar cuanto antes, y que se está pendiente de licitar las obras de urbanización del sector de Ingenieros, para lo que se dispone de 4 millones de euros desde noviembre del pasado año.

El Ayuntamiento, por su parte, sacará a licitación en breve la plataforma de hormigón que servirá de base para colocar las aulas prefabricadas por parte de la Conselleria de Educación, que permitan el traslado de los alumnos del CP Santo Ángel de la Guarda. Por ello, el concejal Sarrià ha exigido nuevamente a SEPES que no demore más su compromiso y licite las obras para que puedan iniciarse a principios del año próximo.

Finalmente, la Comisión ha aprobado una modificación puntual de la Ordenanza de Telecomunicaciones, con la finalidad de adecuarla a las pautas que establece la nueva Ley General de Telecomunicaciones (Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, LGTEL), dado que la convivencia de ambas normativas está generando trabas a la hora de tramitar las licencias, al producirse algunas contradicciones. Puesto que el reglamento que ha de desarrollar la Ley todavía no ha sido aprobado, desde la Concejalía de Desarrollo Urbano se ha optado por realizar solo algunas modificaciones puntuales de la Ordenanza, y no modificarla en su totalidad, a la espera del reglamento.

Durante el debate de las mociones, la Comisión ha aprobado una propuesta del Grupo Ciudadanos dirigida a que la Generalitat modifique los plazos establecidos para las expropiaciones de suelos dotacionales que tienen gravosas consecuencias para las arcas municipales. La propuesta ha sido aceptada, ha explicado Sarrià, dado que la Generalitat ya lo tiene en cuenta a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, donde se introduce una moratoria para suspender por un año prorrogable a dos las nuevas expropiaciones. "Por cierto", ha señalado Sarrià, "que esta iniciativa la aprobó la Generalitat de Cataluña hace años, y los técnicos municipales la propusieron al anterior delegado de Urbanismo en numerosas ocasiones, sin que adoptara medida alguna al respecto".

"FRENAR LA SANGRÍA DE LAS EXPROPIACIONES"

El concejal de Desarrollo Urbano ha recordado que la mayor preocupación que tiene la Delegación es "frenar esta sangría económica", que ha supuesto desembolsar de las arcas públicas 600 millones de euros en los 24 presupuestos municipales que aprobó el PP, y 42 millones de euros en tan solo este presupuesto de 2016, donde ha habido que poner al día toda la deuda acumulada por el anterior gobierno municipal.

La revisión pormenorizada del PGOU que está en marcha minimizará este impacto, al delimitar unidades de ejecución que permitan la cesión de suelo dotacional de manera gratuita cuando se edifiquen las viviendas. "En Valencia", ha señalado Sarrià, "se han construido en los 24 años anteriores más de 50.000 viviendas en suelo urbano sin cesión dotacional de los promotores a la ciudad". "Ha sido un gratis total para las mercantiles privadas que han construido las viviendas, muchas de ellas solicitando posteriormente la expropiación de suelo para jardines, colegios o dotaciones públicas que debían haber cedido gratuitamente". Este es el resultado de la lamentable gestión urbanística del PP, que ha arruinado las arcas municipales mientras crecían las plusvalías de los agentes inmobiliarios".

Finalmente, el Grupo Ciudadanos se ha interesado por la situación de la recepción de la V-21, una obra construida por el Ministerio de Fomento inaugurada en el año 2009 y que no fue recibida por el anterior gobierno municipal por daños en jardinería y otros desperfectos. El Gobierno central ha sido requerido en numerosas ocasiones, a través del actual Servicio de Movilidad, para que repare estos desperfectos, algo a lo que se ha negado hasta la fecha, por lo que no podrán recepcionarse y, por lo tanto, su mantenimiento seguirá correspondiendo al Ministerio de Fomento, hasta tanto no se subsanen y se entregue la obra en perfectas condiciones.