Such: “Una normativa de los años 80 no puede responder a la demanda de la realidad social actual”

La consellera de Turisme, Angélica Such, se ha reunido esta mañana con el presidente de la Confederación de Hostelería y Turismo de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Gelabert y con la concejala de playas del Ayuntamiento de Valencia, Lourdes Bernal para debatir sobre la regularización de los restaurantes de primera línea de playa, los llamados chiringuitos y la interpretación de la Ley de Costas que mantiene enfrentados al sector turístico y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Tras la reunión, Angélica Such ha declarado que “tanto las Administraciones Públicas como el sector turístico empresarial de la Comunitat Valenciana, considera que la aplicación de una normativa de los años 80 no responde a la demanda de la realidad social actual”.

“La Ley de Costas de 1988, es una normativa que ha quedado obsoleta veinte años después, con una realidad social distinta y en estos momentos, marcada por un contexto coyuntural y económico delicado”, así lo ha especificado Such.

En este sentido, la titular de Turisme ha manifestado que “no tiene justificación que se haga una aplicación tajante y rigurosa de la ley, cuando no se ha hecho en los ejercicios anteriores, cuando se ha estado permitiendo, año tras año, que esos establecimientos crecieran y se establecieran”. Por otro lado, “estos establecimientos forman parte de la identidad de nuestro destino y son un elemento diferenciador de nuestra oferta con respecto a la de otros destinos competidores”.

Por otro lado, Such ha afirmado que “es evidente que estos establecimientos deben cumplir con los requisitos medioambientales necesarios en beneficio del propio sector turístico y así lo ve y así lo quiere el sector empresarial, aunque esta aplicación debe ser coherente con la necesidades y la demanda social”.

De esta forma, la Consellera ha indicado su intención de “plantear al Ministerio una comisión de seguimiento, con representantes del sector empresarial, de la administración autonómica, administraciones locales para tratar de solucionar el problema”.

Además, Such ha declarado que “la aplicación de esta ley debe hacerse de una forma razonable y sensata teniendo en cuenta las circunstancias económicas que atravesamos y las peculiaridades de cada uno de los lugares donde estos establecimientos están ubicados”. En este sentido Such ha recordado que la aplicación de la ley tal y como propone el gobierno central supondrá la perdida de ingresos y de puestos de trabajo, en un momento “especialmente delicado para el sector turístico”.