Ribó: “El equipo de gobierno otorga terrenos públicos a la Iglesia”

El grupo municipal de Compromís exige desvincular el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Arzobispado de Valencia, de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), porque no tiene nada que ver con la ordenación territorial estructural de la ciudad, sino que, según ha dicho el portavoz de Compromís, Joan Ribó, “sólo sirve para esconder las transformaciones que se hacen en dicho convenio, que establece cambios de titularidad y, por lo tanto, de transmisiones patrimoniales. Además, minimiza los costes de la cesión de terrenos a la Iglesia, que pasa de la obligación de pagar 1.951.852€ a sólo 282.487€. En definitiva, se otorga unos terrenos públicos a una autoridad religiosa y, además, se le rebaja el precio: todo un acto contra los intereses de los valencianos”.

El convenio entre el Ayuntamiento y el Arzobispado data del año 2000, y supone una concesión por 75 años de terrenos públicos para usos de la Iglesia católica. Con todo, a lo largo de estos años, ha habido ciertas anomalías, por las cuales algunas de las parcelas tenían que haber retornado a manos municipales.

Tal y como afirma Ribó, “es sorprendente que, a través de un PGOU, se pase de ceder unos terrenos públicos a permitir cambios en la titularidad patrimonial. Los vecinos y vecinas de Valencia no tienen por qué perder parcelas públicas por una decisión que, además, no pasa por ningún órgano de gobierno, sino que únicamente está sometida a la discreción de la alcaldesa. Y para más inri, con un período de alegaciones que se reduce, de los 45 días del Plan General, a tan sólo 20 días. Claramente se está escondiendo una operación oscura con que, además, se le perdona a la Iglesia la mayor parte del pago que tenía que hacer a la administración pública”.

Por todo esto, Compromís ha exigido, antes que nada, que se retire de la revisión del PGOU el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Arzobispado y que, en cualquier caso, sea el Servicio de Patrimonio quien encargue tasaciones independientes sobre todas las parcelas afectadas por ese convenio. Una petición que ha formalizado el portavoz de la coalición basándose en varios puntos. En primer lugar, el convenio establece que los usos de las parcelas cedidas al Arzobispado no tienen que tener ningún aprovechamiento lucrativo. Un extremo que se contradice con la actual parroquia de San Josemaría Escrivà de Balaguer, situada en la calle Marina Baixa, muy cerca del Hospital Arnau de Vilanova, donde se ha habilitado un garaje de pago para vehículos particulares.

En segundo lugar, en el barrio de Sant Isidre, concretamente en la calle Josep Andreu Alabarta, el Arzobispado cambió de uso educativo a religioso la parcela cedida. Por eso, el Ayuntamiento expropió los terrenos por 330.000€; pero la Iglesia ha renunciado a construir allí ningún templo, y ahora el solar retorna a manos municipales, con la diferencia que el Ayuntamiento tiene que pagar al Arzobispado más del doble: 627.137€.

Además, en el convenio aparece un espacio situado en la plaza Mayor, justo al lado de la iglesia de Pinedo. Si en 2000 este espacio se entregaba en la ciudad de manera gratuita, ahora, por el contrario, le toca pagar al Ayuntamiento otros 642.657€.

Finalmente, con el convenio en la mano, el consistorio había entregado al Arzobispado una parcela en la plaza Cors de la Mare de Déu para celebrar allí actos religiosos al aire libre; ahora, la autoridad religiosa renuncia a este espacio y, por eso, es compensada con 1.026.707€. Una operación que el portavoz de Compromís observa como especialmente “inaudita porque el equipo de gobierno decide pagar por un espacio que está justo al lado a la plaza de la Virgen donde, por órdenes de Rita Barberà, está prohibido hacer ningún acto que no tenga su visto bueno; es decir, el PP censura los actos públicos en la plaza de la Virgen y dejaba la plaza de al lado para que la Iglesia hiciera sus actos religiosos. Ahora, por un lado toda la plaza de la Virgen servirá para posibles actos religiosos y, además, se compensa al Arzobispado con más de un millón de euros”.