Calabuig advierte que con la prórroga del "plan desconfianza" el PP intenta tapar su parálisis

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, ha considerado que con la cuarta prórroga del Plan Confianza que acaba de aprobar la Generalitat Valencia el Partido Popular “intenta tapar su parálisis y la bancarrota en la que está el Consell, de cara a las elecciones de mayo”.

“Sin capacidad de hacer frente al pago de de proyectos, no han tenido más remedio que prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2016 las obras cuando deberían haber acabado en enero de 2011”, ha indicado en la rueda de prensa convocada para hacer balance del Plan Confianza, junto con el concejal Pedro M. Sánchez, de acuerdo con la ley de acompañamiento a los presupuestos (ley 7/2014) publicada el pasado 29 de diciembre.

Para Calabuig, “esta prórroga es otra prueba más de la desastrosa gestión del Partido Popular que, además, supone un engaño para los cientos de alcaldes que se han comprometido con nuevas inversiones para sus municipios, para los miles de proveedores que han participado en las adjudicaciones pero no cobran y para los ciudadanos que esperan nuevos servicios en sus barrios”.

Ha recordado que el “plan descofianza” se aprobó en febrero de 2009 y preveía una inversión de 163,6 millones en Valencia en proyectos que debían concluir en enero de 2011. “Cinco años después, con apenas el 51,4 por ciento de las inversiones previstas para la ciudad adjudicado, asistimos al enésimo aplazamiento”, ha denunciado.

Por ello, ha asegurado que se trata de “una mala copia del Plan E”. Según ha explicado, el plan impulsado por el Gobierno socialista “se invirtió en la ciudad 228 millones en euros en la ejecución de 229 proyectos entre 2009 y 2011, que generaron mas de 11.000 empleos” mientras que con el Plan Confianza, de los 163 millones que corresponden a la ciudad, “sólo se han adjudicado contratos por 84 millones, lo que supone una un 51,4 % del total, con lo que apenas se han creado 4.000, de los 8.000 empleos que se hubiesen podido crear cumpliendo los plazos previstos”.

“El PP improvisó sin tener asegurada la inversión, dado que se financia con créditos extraordinarios” que, ha advertido, “es una forma de decir cuando podamos pagaremos, ya que las partidas no figuran en los presupuestos anuales”. Además, ha alertado que en esta cuarta modificación del Decreto “introduce que se puedan financiar infraestructuras sanitarias y educativas, lo que supone una improvisación más que sólo tiene el objetivo de ocultar los incumplimientos”.

Así ha planteado “cómo se puede calificar que ahora casi 6 años después de la aprobación del Plan se permita ampliar el tipo de obras financiadas”. “Pensamos que sólo es una excusa para tapar la falta de financiación, de modo que obras previstas en sanidad o educación serán presentadas como financiadas por el plan”, ha aseverado.

Joan Calabuig ha criticado que el Plan E fue “motivo de quejas y burlas” por parte de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a quien ha reprochado que se “quejara públicamente de que el plan sólo era una excusa para poner cartelitos o que financiaba instalaciones que luego sería imposible mantener”. En cambio, ha censurado que ante el “fracaso del plan confianza vemos su connivencia con la Generalitat”.

“Barberá sabe que no puede adjudicar obras cuya financiación está teóricamente aprobada porque la Generalitat no va a pagar y no ha sido capaz de exigir el cumplimiento de los compromisos”, ha criticado y ha lamentado que la primera edil “prefiera tapar los incumplimientos de la Generalitat Valenciana antes que exigir públicamente lo que Valencia pertenece”. “Rita Barberá tiene que sublevarse contra el aplazamiento de dos años que deja en el aire la finalización de proyectos y equipamientos si no quiere acabar su carrera política como una alcaldesa claudicante”, ha sentenciado.

Por su parte, Pedro M. Sánchez ha indicado que de 106 proyectos por valor de 163 millones de euros que corresponden a la ciudad, sólo se han adjudicado contratos por 84 millones, lo que supone una un 51,4 % del total. En concreto, 15 proyectos están “sin adjudicar en ninguna de sus fases (proyecto, dirección de obra y obra) y 18 solamente se ha adjudicado la redacción de los mismos”.

Entre los proyectos mas costosos pendientes de adjudicar están:

- Urbanización del bulevar San Pedro en los ámbitos 5.01 y 5.02 y adquisición (9,5 millones)
- La urbanización de la avenida de la Estación en Benimàmet (5,7 millones) (proyecto en el estamos en contra)
- Proyectos en el entorno de la muralla musulmana de El Carmen (5,4 millones).
- Renovación de colectores arteriales en el Cabanyal-Canyamelar (4,7 millones)
- Rehabilitación del Mercado del Grao (2,4 millones) (adjudicación desierta que ahora se encomienda a AUMSA)
- Urbanización de dos nuevas plazas en el ámbito 6.01 del PEPRI Cabanyal (2,1 millones)

Además, ha denunciado que a los retrasos en las adjudicaciones “se añaden los problemas en el pago mensual de las obras a los contratistas, que ha ocasionado la paralización de proyectos como la reurbanización de Russafa que debía terminar en 2014 y aún sigue con obras Literato Azorín, la rehabilitación del Ayuntamiento, el Centro de mayores de Monteolivete que se ha paralizado en varias ocasiones o los polideportivos de Nou Moles y la Fuensanta”. Unos retrasos que, ha señalado, “también afectó a la 5ª Unidad de la Policía Local en Transits” (calle Castellonet de la Conquesta) que fue inaugurada por la alcaldesa en julio de 2013, pero en septiembre de 2014 la constructora aún tenía pendiente de cobrar 900.000 euros”.