Amadeu Sanchis: “El ayuntamiento debe garantizar la salud ante las operadoras de telefonía móvil”
El portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, ha pedido el turno de palabra en el punto del orden del día del Pleno relativo a dar cuenta del informe sobre mediciones en espacios sensibles presentado por las operadoras de telefonía móvil relativo al ejercicio 2013 para indicar que, aunque los datos extraídos del mismo evidencian que en la actualidad no existen riesgos para la salud en los espacios sensibles derivados de la exposición a los campos electromagnéticos generados por las estaciones base de telefonía móvil, “lo cierto es que no se podrá asegurar los mismo el próximo año debido a la entrada en vigor de la nueva Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, aprobada en el Congreso con los votos de PP, PSOE y CiU, que resta esta competencia a los ayuntamientos”.
El edil ha explicado durante su intervención que dicha ley facilita la ocupación forzosa (en forma de expropiación o de servidumbre) para impulsar la mejora de la telefonía móvil y, por tanto, “deja a los vecinos y vecinas de la ciudad en la indefensión más absoluta”. “¿Cómo es posible que el Gobierno de Mariano Rajoy dé vía libre para expropiar cualquier azotea de una comunidad de vecinos para instalar una antena de telefonía móvil, aunque éstos estén en contra? ¿Hasta qué punto coinciden los intereses del PP hacia las grandes compañías telefónicas con la aprobación de esta nueva Ley?”, ha preguntado Sanchis dirigiéndose a la bancada de los concejales populares.
Asimismo, el nuevo texto deja a los ayuntamientos sin competencias en la materia ya que ni siquiera será necesaria licencia municipal ni declaración de impacto ambiental. “¿Se seguirá cumpliendo el acuerdo plenario de 2005 que regula la obligatoriedad que tienen las operadoras de telefonía móvil de presentar anualmente el Informe Resumen de Mediciones de Espacios Sensibles y dar cuenta del mismo al Ayuntamiento Pleno, al Consejo de Salud y al Consejo Escolar de la ciudad?”, ha vuelto a preguntar Sanchis al PP.
En este sentido, el portavoz de la formación de izquierdas ha insistido en que se le quitan competencias a los municipios a la hora de decidir sobre un tema tan importante para la salud pública como este y con unos efectos nocivos graves en los ciudadanos y ciudadanas, ni tampoco hará falta realizar estudios de impacto ambiental, puesto que bastará con que el Ministerio de Industria haya aprobado previamente un plan de despliegue o instalación de red en el cual se contemplan estas infraestructuras. Las compañías solamente estarán obligadas a presentar una declaración de responsabilidad en la cual certifican que cumplen los requisitos exigidos por la nueva ley.
“Es una forma de alejar más la toma de decisiones de la ciudadanía que va a sufrir sus efectos nocivos, y lesiona su derecho a ser informada de las consecuencias. Nos preguntamos cuáles serán finalmente las competencias municipales que continuamente se están delegando en los mercados”, ha dicho.
Igualmente, Amadeu Sanchis ha hecho referencia a la Resolución del Parlamento Europeo de abril de 2009 sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos que ponía de manifiesto, entre otras cosas, su profunda preocupación por el hecho que las compañías de seguros tiendan a excluir la cobertura de los riesgos vinculados a los campos electromagnéticos de las pólizas de responsabilidad civil, el que significa claramente que las aseguradoras europeas ya están aplicando su propia versión del principio de cautela.
Sin embargo, el objetivo de la normativa impulsada por el Gobierno es que las compañías puedan “acometer proyectos de gran envergadura” para favorecer el despliegue de redes y la prestación de servicios, con el fin de cumplir los objetivos de la Agenda Digital para Europa, que persigue que todos los ciudadanos puedan acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad de como mínimo 30 megabits por segundo en el 2020 y que la mitad de los hogares puedan llegar a velocidades superiores a 100 megabits por segundo.
“La medida se ha hecho a espaldas de las asociaciones de vecinos y las organizaciones contra la contaminación electromagnética que denuncian que se deja a los ciudadanos y ciudadanas desamparados y que temen que el aumento de estas instalaciones pueda repercutir en la salud de las personas afectadas”, ha comentado el edil.
