EU pide al PP que los servicios jurídicos municipales elaboren un informe sobre la repercusión que en el PEPRI del Cabanyal tendría la sentencia del TC
El grupo municipal de Esquerra Unida ha llevado de nuevo el debate sobre el PEPRI del Cabanyal al Pleno de hoy viernes a través de una moción en la que ha solicitado que por parte de los servicios Jurídicos del Ayuntamiento se redacte un informe sobre la repercusión que se estima podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de julio del 2014 sobre la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, en aplicación al PEPRI del Cabanyal. Las otras propuestas recogidas en el texto de la moción se han centrado en la petición a la Generalitat para que proceda a la modificación de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) para adaptarla a la doctrina legal aplicada en la Sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de julio, así como que el Ayuntamiento retire el proyecto de nuevo PEPRI, para adaptar el Plan Especial del conjunto histórico del Cabanyal-Canyamelar declarado BIC a la Orden de 2009 del Ministerio de Cultura. La moción ha sido finalmente desestimada con los votos en contra de los concejales del equipo de gobierno.
Según ha explicado el concejal durante su intervención, “la relación de Valencia con el mar ha sido siempre en diferido, es decir, que el núcleo histórico de la ciudad se conformó alrededor del río y desde entonces ha sido a través de los diferentes poblados, en aquellos momentos, y ahora barrios que la gente de la ciudad se ha comunicado con el mar”. Asimismo, ha añadido que el crecimiento de la ciudad mediante la anexión de pueblos vecinos ha hecho que la ciudad se agrandara, pero ha dejado problemas sin resolver y uno de ellos es, sin duda, la conexión con el mar y más teniendo en cuenta que cuando estos pueblos pasaron a ser término de Valencia su estructura urbana estaba ya consolidada.
Sobre el caso concreto del Cabanyal, el regidor ha indicado que “ha sido y es el modelo de dos paradigmas totalmente enfrentados, es decir, una administración que se empecina en sacar adelante un plan cuestionado a todos los niveles y un vecindario que quiere preservar su identidad como herederos de un pueblo ligado a la mar”.
Asimismo, Amadeu Sanchis, que ha recordado que la lucha vecinal y política empezó en el año 1997 cuando el Ayuntamiento de Valencia encomendó la redacción del conocido PEPRI, también ha señalado que en estos 16 años el Plan ha recibido reveses judiciales y la causa del Cabanyal adhesiones de todo tipos, no sólo locales sino, nacionales e internacionales.
El último de estos reveses se produjo el pasado 17 de julio del 2014 cuando el Tribunal Constitucional dictó sentencia en el recurso de inconstitucionalidad 5277/2013 presentado contra 10 artículos de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid por entender que los artículos recurridos rebajaban el nivel de protección establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español (LPHE) del 1985. “Los recurrentes entendían que la ley del Gobierno central actúa como nivel de protección mínimo que tienen que respetar todas las Comunidades Autónomas y que cuando las leyes autonómicas rebajan ese nivel de protección mínimo incurren en inconstitucionalidad”, ha manifestado el edil.
Por lo que respecta a su aplicación al plan del Cabanyal, la jurisprudencia que aplica la citada sentencia se puede aplicar al caso valenciano y puede, por tanto, impedir su aprobación. Según Sanchis, “en caso contrario se corre el riesgo que se declare su nulidad por incurrir en manifiesta y grave ilegalidad al ampararse en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, por invadir las competencia exclusivas que el Gobierno central tiene en materia de expolio del patrimonio cultural y por la invasión que se produce por la vía de rebajar el nivel de protección establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español”, ha concluido el edil.
