EU exige a Rita Barberá que cumpla con su compromiso con los y las dependientes de Valencia y solicite al Consell la retirada del Decreto del copago

La concejala del grupo municipal de Esquerra Unida, Rosa Albert, ha defendido hoy en el Pleno una moción en la que ha solicitado que el Ayuntamiento de Valencia inste a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social al cumplimiento de la sentencia del TSJCV de 1 de octubre del 2014 que declara la nulidad del Decreto 113/2013 de 2 de agosto, del Consell, por el cual se establece el régimen y las cuantías de precios públicos que se tienen que percibir en el ámbito de los servicios públicos y, en consecuencia, reclame la devolución de las cantidades desembolsadas en concepto de copago de los centros de titularidad municipal, así como que no recurra la sentencia ni pida la suspensión de la misma y convoque una mesa sectorial para consensuar la normativa, en el caso de que esta tuviera que existir.

Durante su intervención, la edil ha señalado que en el primer Pleno del año 2014, a raíz de una moción presentada por el grupo socialista por la que se solicitaba la retirada del decreto por el que se establece el copago, “este Ayuntamiento, por unanimidad, aprobó una alternativa planteada por el PP por la que se acordaba seguir prestando los mismos servicios en los centros ocupacionales municipales sin aportación económica alguna, así como solicitar al Consell su revisión a fin de garantizar que dicha norma se ajuste a los criterios mínimos y comunes que establece el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en las condiciones más favorables para las personas con discapacidad”.

Es más,-ha insistido Albert- en ese Pleno la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quiso trasladar un mensaje de tranquilidad y aseguró que el Ayuntamiento pagaría y que las personas con discapacidad de Valencia no abonarían en este momento porque lo asumirá el Consistorio. De hecho añadió que si “hay que cumplir la Ley que se cumpla, pero lo asumirá el Ayuntamiento”, ha recordado.

“Pues bien señora Barberá, este Decreto ha sido anulado íntegramente por el TSJCV, porque considera que, en contra de lo preceptuado, constitucional y legalmente vulnera el principio de reserva de ley, el de legalidad en materia tributaria y el de jerarquía normativa”. Además, -ha continuado- “la sentencia recoge que la sala considera que los servicios regulados en el Decreto constituyen servicios asistenciales, básicos e imprescindibles dirigidos a personas mayores y personas con discapacidad que no parece que sean grupos especialmente favorecidos, por los que su recepción no es voluntaria sino que afecta a aspectos esenciales de su vida diaria y a su dignidad personal”.

Sin embargo, para la regidora de la formación de izquierdas el hecho de que en estos momentos el gobierno autonómico, “no solo no recapacita y anula el copago, sino que anuncia recurso contra esta sentencia es un hecho que nos parece una muestra más de la falta de sensibilidad por parte del PP a una problemática como esta”.

“Ustedes en el mes de enero adquirieron un compromiso con la ciudadanía, con el colectivo afectado por este decreto, les pedimos que apoyen esta moción y exijan al gobierno autonómico la retirada de este Decreto y de la orden de copago del 2012”, ha indicado Rosa Albert, quien ha agregado que, de lo contrario, “vamos a seguir ahondando en el empeoramiento de la calidad de vida de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social grave”.