Calabuig exige a Castellano la apertura de una investigación sobre la aparición de símbolos nazis
El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, ha remitido esta mañana una carta al delegado del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, para exigirle “la apertura de una investigación por la aparición, durante los actos cívicos y oficiales del 9 d’Octubre, de símbolos de carácter nazi y fascista”.
Señala que estos símbolos “podrían constituir un delito de alteración de la convivencia mediante la provocación al odio o a la discriminación por motivos xenófobos contemplada en el artículo 510 del Código Penal” en la celebración de un día que, para el dirigente socialista, “es sin duda una fecha de extraordinaria importancia para el pueblo valenciano y un momento de encuentro cívico de profundo arraigo”.
Calabuig, que ha trasladado a Castellano la “protesta formal e indignación” por estos actos, denuncia en la carta que ha remitido a la Delegación del Gobierno, que la presencia de tales símbolos fue “observada por los asistentes a los actos y difundida ampliamente por los medios de comunicación locales y nacionales”.
Para Calabuig, “es incomprensible la permisividad en relación con la exhibición de estos símbolos en la fiesta del 9 de octubre cuando esta no se aceptaría en ningún otro recinto, acontecimiento, ni espacio público y se procedería a su retirada inmediata”. También, ha continuado, “a la identificación de sus portadores por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado para determinar las responsabilidades administrativas o penales a que hubiera lugar”.
Por todo ello, ha solicitado en su escrito “encarecidamente la apertura de una investigación oficial sobre estos hechos”. Asimismo, ha asegurado que independientemente de las acciones que emprenda la Delegación del Gobierno, los socialistas “se reservan las acciones parlamentarias en las Cortes Generales y ante el Gobierno de España para la clarificación de estos acontecimientos y la determinación de las responsabilidades que pudieran derivarse”.
Reparto de alimentos
Por otra parte, el portavoz del grupo municipal socialista ha señalado que la Fiscalía Provincial de Valencia “ha archivado la denuncia” presentada por el reparto de alimentos solo para españoles por parte de una ONG vinculada a España 2000 en el barrio de Orriols, cebrado el pasado 29 de marzo, pero ha destacado que “llama la atención a la administración por permitirlo”.
Las diligencias de investigación concluyen que la formación política España 2000 “está legalizada, a pesar del mensaje claramente discriminatorio de su programa político”; que la asociación Hogar Social Patriota María Luisa Navarro es “efectivamente el brazo político de España 2000”; que la comunicación a la Delegación del Gobierno sobre la concentración para el reparto de alimentos “se efectuó por parte de José Luis Roberto, en nombre de España 2000”.
Igualmente, determina que la asociación “no percibe subvención oficial por sus actividades”; que la Delegación del Gobierno “dio por buena la comunicación para el reparto de alimentos entre las familias españolas necesitadas, debidamente acreditadas”; que no se produjo ningún incidente a resaltar “dada la actitud prudente de muchos vecinos: se cerró la mezquita y se suspendieron las clases del Centro Cultural Islámico, también porque la duración del acto fue escasa y la afluencia de gente no fue multitudinaria”.
“A pesar del mensaje claramente discriminatorio utilizado por el partido organizador del reparto y por parte de todos los participantes, no concurren los elementos del tipo penal contemplado en el artículo 510 del Código Penal, debido a la escasa incidencia del hecho en sí, en cuanto a alteración de la convivencia mediante la provocación al odio o a la discriminación por motivos xenófobos, no siendo susceptible de reproche penal por no concurrir el requisito de provocación suficiente e acuerdo con las exigencias penales”, expone.
No obstante, la Fiscalía Provincial de Valencia considera que desde la “esfera administrativa podría evitarse, impidiendo la utilización del espacio público para defender los intereses individuales, que son en esencia ofensivos por excluyentes de sectores no favorecidos”.
