Compromís presenta una moción para exigir a la Generalitat que pague el convenio de los colegios municipales
Recientemente la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia han aprobado el convenio para el mantenimiento de los colegios de titularidad municipal correspondiente al 2014 por 2.389.446 euros. Esta asignación va destinada a sufragar los gastos de funcionamiento y de personal de los tres centros de educación infantil y primaria, el centro de Benimaclet, el Fernando de los Rios en Malilla y el CEIP Profesor Santiago Grisolia en Algirós.
Según el último estado de ejecución de los presupuestos municipales, del 30 de junio de 2014, la Generalitat Valenciana debe al Ayuntamiento la totalidad de las anualidades del convenio correspondientes a 2012 y 2013, de 2.191.118 euros y 2.389.336 euros respectivamente. Con el último convenio aprobado por la Junta de Gobierno Local del 6 de junio de 2014 y por el Pleno del Consell del 18 de julio de 2014, la cantidad que la Generalitat debe al Ayuntamiento por los convenios escolares asciende a 7 millones de euros.
Desde Compromís han destacado que el convenio escolar no es el único que endeuda la Generalitat al Ayuntamiento, desde 2012 debe los convenios de asistencia social, el de atención a la inmigración o el de cultura, entre otros, por más de 20 millones de euros. Todos estos convenios están referidos en las áreas de educación, cultura y bienestar social, las más afectadas por los recortes del Partido Popular y que más afectan a la población que está sufriendo de forma más intensa las consecuencias de la crisis económica.
Consol Castillo, concejala de Compromís, ha destacado la infrafinanciación que sufren los valencianos y que aboca a la Generalitat a una situación de precariedad económica como la actual y que le impide afrontar los gastos básicos que aseguran el estado del bienestar. Las instituciones valencianas tienen que exigir al Gobierno de Madrid una financiación justa para asegurar las necesidades de la ciudadanía.
Consol Castillo ha declarado: “La deuda del Consell con el Ayuntamiento es muy preocupante y afecta al bienestar de los valencianos y las valencianas. Está claro que el sistema de financiación actual discrimina a Valencia, por lo que es el momento de exigir lo que nos corresponde. No puede ser que desde el 2012 la Generalitat no pagues sus obligaciones con el Ayuntamiento en convenios sociales y educativos, que son fundamentales para el bienestar de la ciudadanía. Los partidos políticos, los agentes sociales y las organizaciones empresariales valencianas tenemos que exigir en bloque en Madrid una solución urgente a esta discriminación que sufrimos los valencianos desde hace décadas”.
