Sixto preguntará mañana al ministro Wert sobre la veracidad del acuerdo anunciado por Barberá sobre el futuro del Cabanyal

El diputado d’EUPV-Els Verds en el Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, preguntará mañana al ministro José Ignacio Wert en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso sobre los documentos enviados por el Ayuntamiento de Valencia manteniendo el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) que afecta al barrio del Cabanyal con la prolongación incluida de la Avenida Blasco Ibáñez, así como por el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Cultura para desbloquear dicho Plan. Esta comparecencia corresponde a una petición que el diputado de la formación de izquierdas el pasado 28 de abril a raíz de unas declaraciones de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en las que aseguraba su intención de continuar adelante con la prolongación.

“¿Es cierto que el Ministerio de Cultura ha aceptado la propuesta planteada por el Ayuntamiento contraria a la propia Orden que declaró nulo el PEPRI? ¿Tiene alguna intención el Gobierno Central de derogar dicha Orden Ministerial? ¿Son conscientes que la Audiencia Nacional ya ha ratificado la Orden y, por tanto, ahora tendrían que explicar y, lo más importante y difícil, argumentar porqué ya no sirve la norma que éste dictó y aprobó?”. Estas son algunas de las algunas de las preguntas que mañana formulará Sixto al ministro Wert, según ha señalado el diputado, quien ha añadido que esta comparecencia “nos va a dar la oportunidad de contrastar la veracidad de las afirmaciones de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá”.

De esta forma, según ha declarado Ricardo Sixto, “mañana el propio ministro de Cultura tendrá que decir si realmente se ha alcanzado un acuerdo y, en el caso de que existiese, cómo es posible que ahora el Ministerio vaya a ir en contra de toda la doctrina jurídica existente, algo que nos parece del todo inverosímil”. Es decir, “creemos que ya es hora que las administraciones aclaren cuál es la verdadera situación del Cabanyal, de su futuro y, sobre todo, el de la prolongación de Blasco Ibáñez que no hemos compartido nunca ni compartiremos”, ha añadido el diputado.

Además, Sixto también ha señalado que el pasado 28 de abril presentó ante la Mesa del Congreso de los Diputados una batería de preguntas relacionadas precisamente con el PEPRI del Cabanyal y su adaptación a la Orden Ministerial. “El pasado 18 de junio, tan sólo dos días antes de que compareciera Barberá, el Gobierno contestaba que se está trabajando con el Ayuntamiento de Valencia para llegar a un acuerdo y buscar una solución”. “¿Tan sólo dos días después ya se había encontrado la solución?”, se ha preguntado el diputado, quien ha añadido que desde EUPV “entendemos que, con toda seguridad, no hay un acuerdo sino un principio de estudiar un Plan que choca con la Orden del Ministerio, con el delito de expolio que, además, es una competencia estatal y que viene ratificado por la Audiencia Nacional”.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Valencia, Amadeu Sanchis, también se ha referido hoy a este tema en la rueda de prensa posterior a la celebración de la Comisión de Urbanismo y ha declarado que “está más bloqueado que nunca ya que se trata de una propuesta “que no tiene ningún tipo de cabida en la legalidad y que, además, no va a poderse realizar porque cualquier persona física o jurídica puede solicitar a la Audiencia Nacional que aplique la sentencia del año 2012”.

Sanchis ha añadido que es muy complicado que el Gobierno rebobine técnicamente aquello que no solamente hizo en el 2009 sino que ratificó en octubre del 2013, cuando se procedió a la retirada de los recursos de inconstitucionalidad. Asimismo, el edil ha rechazado que se trate de una cortina de humo y ha apuntado que se trata de un desconocimiento de la legalidad estatal y un desconocimiento de la jerarquía administrativa.

Precisamente, con toda seguridad, la sentencia del Supremo, por lo que se ha ido filtrando, “iba a ser contraria una vez más a los intereses del equipo de Gobierno y se ha tomado esta decisión que es absolutamente imposible de llevar a cabo no solamente por las cuestiones económicas, sino por una cuestión de jerarquía normativa que no se puede saltar, ni siquiera el propio Gobierno, que tendría que obligar a sus técnicos a rehacer aquello que hicieron, que tendrían que convencer a todas las entidades que fueron consultadas, como por ejemplo, los colegios de arquitectos, las universidades o la Academia de San Carlos de Bellas Artes”.