El PSPV exige a Rajoy que cumpla el convenio de los cuarteles de la calle San Vicente
El concejal socialista Vicent Sarrià ha denunciado hoy que el gobierno de Rajoy está incumpliendo el compromiso adquirido en el convenio firmado en 2010 con la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia para la urbanización de los dos Planes de Reforma Interior de los cuarteles de Artillería e Ingenieros, donde se contempla la construcción de 970 viviendas de gestión pública, de las cuáles 475 irían destinadas a alquiler para jóvenes y familias con menos recursos.
Hasta la fecha, ha comentado Sarriá, la empresa pública SEPES, encargada de esta gestión, tan solo ha procedido a iniciar el derribo de las instalaciones obsoletas que hay en ambos cuarteles, pero no dispone de presupuesto para la licitación de las obras de urbanización, que permitirán disponer de las parcelas necesarias para construir poco a poco los edificios de vivienda pública y para que la Generalitat pueda construir los dos centros escolares.
Efectivamente, en los terrenos del parque de Artillería hay que construir con carácter urgente un instituto en una de las parcelas, ya que los alumnos de ESO del CP José Soto Micó acuden a unas instalaciones provisionales ubicadas en barracones, y el resto de alumnos deben desplazarse a barrios como Sant Marcel.lí.
Pero además el C.P. Santo Ángel de la Guarda, que funciona desde hace décadas en barracones, debe construirse con tres líneas en una parcela del antiguo cuartel de Ingenieros, sin que tampoco se hayan licitado las obras por parte de la Generalitat, a pesar de estar comprometida su puesta en funcionamiento para el curso 2011-2012.
Sarrià ha lamentado que los recortes del gobierno de Rajoy y de Fabra en la Generalitat estén afectando a la enseñanza pública, perpetuando estas injustas situaciones de provisionalidad y obligando a miles de estudiantes a impartir clases en barracones, sin la más mínima calidad en las instalaciones.
El concejal socialista ha aprovechado para reclamar a la Alcaldesa una mayor preocupación por los problemas de la ciudad y una actitud más beligerante con los gobiernos central y autonómico, para defender los intereses de los valencianos. “Se trata de actuaciones prioritarias que generarían actividad económica y empleo, además de garantizar necesidades básicas de los ciudadanos como en este caso la educación”.
