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Los técnicos de los Colegios de Abogados estudian los casos de desahucios desde el 1 de abril

  • La Diputación de Valencia ha impulsado el convenio con los letrados colegiados en Valencia, Alzira y Sueca para mediar con las entidades financieras

La Diputación de Valencia y el Colegio de Abogados de Valencia, Alzira y Sueca, con la adhesión de los municipios de la provincia de Valencia prestan, desde el pasado día 1 de abril, un servicio que atiende la urgente necesidad que demanda la sociedad valenciana actual, en materia de ejecuciones hipotecarias, abriendo una posibilidad de concierto con las entidades crediticias dirigidas y asesoradas por los profesionales de los colegio de Abogados, en materia de mediación, intermediación, suspensión de ejecuciones hipotecarias y negociación con la banca.

El convenio pionero por una administración local tiene vigor hasta el 31 de diciembre de este año y la Diputación ha aportado para la cofinanciación del plan 104.562 euros.

Para este año ya se han adherido un 60% de los municipios dependientes del Colegio de Abogados de Valencia, un 48% de los municipios del de Alzira y un 43% del de Sueca.

A través de este concierto, la Diputación acerca la ayuda de los letrados a los afectados, de una población que tiene 1.783.764 habitantes de la provincia, puesto que se exceptúan los de la ciudad de Valencia.

Fundamentos de la colaboración de la Diputación

La Diputación, como entidad local determinada por la agrupación de municipios, tiene como fines propios y específicos, garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales en el marco de la política económica y social y en particular, asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal.

Por otra parte, los municipios asumen, en su término municipal, competencias en materia de vivienda y más en el momento actual donde la ciudadanía solicita una actuación del poder público dirigida a paliar las graves consecuencias, que concurren en este momento en materia de ejecuciones hipotecarias y como consecuencia el desahucio de los propietarios de las viviendas, así como los posibles arrendamientos a convenir con los titulares del crédito.

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