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El Valencia prioriza la operación de Bancaja a variar la urbanización de Mestalla

    El consejo de administración del Valencia CF prioriza en la actualidad la obtención de una ampliación de crédito de Bancaja a la variación de la ordenación urbanística de la parcela que ocupa el estadio de Mestalla, según señalan desde el club.

    Aunque ambas cuestiones son importantes en la actualidad para el Valencia, en estos momentos la resolución de la situación económica es preferente, según la entidad.

    Soriano anunció en la última junta general de accionistas la existencia de un contrato con una empresa extranjera, con la que tenía concertada una cláusula de confidencialidad para no anunciar su nombre, dispuesta a pagar trescientos millones de euros por la parcela de Mestalla, aunque exigía una serie de requisitos.

    Entre éstos se encontraba la posibilidad de poder levantar más de los tres edificios estipulados en el plan inicial, lo que supondría una cambio en el plan de ordenación urbanística de la parcela.

    Hasta el momento, el Valencia no ha presentado formalmente proyecto alguno de modificación del plan ante el ayuntamiento, según indicaron tanto fuentes del club como municipales.

    Además, el Ayuntamiento de Valencia todavía no ha confirmado cuántas comisiones de urbanismo se van a celebrarán antes del último pleno municipal del año, previsto para el lunes 29 de diciembre.

    Por el momento hay un pleno definitivamente fijado para el lunes 22 pero también es posible que se celebre otro el lunes 15, aunque, según fuentes municipales, este extremo no quedará confirmado hasta mitad de esta semana.

    En cualquier caso, el tiempo que dure la tramitación del proyecto que presente el club dependerá de su contenido, ya que si únicamente plantea levantar tres torres en lugar de nueve y se mantiene la zona verde, se podría llegar a estudiar en breve, indicaron fuentes del ayuntamiento.

    Sin embargo, si incluye otras variaciones de mayor entidad puede incluso llegar a ser objeto de estudio en la comisión territorial de urbanismo, dependiente de la Generalitat, añadieron.

    El trámite previsto contempla que la comisión de urbanismo someta a información pública la modificación propuesta para que los técnicos la empiecen a estudiar.

    La duración en tiempo del estudio dependerá del volumen de información que llegue y una vez finalice y se planteen sus conclusiones en un nuevo pleno, se abrirá un periodo de un mes para las correspondientes alegaciones.

    En el caso de que el asunto llegue al pleno del 29 de diciembre, las alegaciones se empezarían a estudiar a partir del 29 de enero y una vez incorporadas o no incorporadas, el asunto volvería a la comisión de urbanismo y a un posterior pleno para su aprobación.

    Según fuentes municipales, la modificación del número de edificios, si se planteara, obligaría a reparcelar y una reparcelación se aprueba en meses o en años e incluso en ocasiones no se aprueba o se plantea en la comisión territorial de urbanismo.

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