Compromis propone que el Ayuntamiento de Valencia cumpla y acate las sentencias del Tribunal Superior y no haga trampa para favorecer a sus amigos

El portavoz del Grupo Municipal Compromís, Joan Ribó, ha exigido, durante la Comisión de Hacienda que ha tenido lugar esta mañana, que se cumplan las sentencias y más si son del Tribunal Superior. Y lo ha hecho en referencia al primer punto del orden del día tenía por objeto consentir y cumplir con el auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, dictada el 27 de septiembre de 2012 y el 21 de noviembre de 2012. Ribó ha explicado que estas dos resoluciones judiciales suponen una desautorización en toda reglas a las directrices que la sra Alcaldesa ha dado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia".

La historia comienza en el acuerdo plenario de 31 de enero de 2003 en el que se debía adjudicar una alternativa técnica para desarrollar un suelo catalogado como suelo industrial por el PGOU. Aquí comienzan las casualidades, el PGOU de Valencia fue aprobado en 1998 y el director de la Oficina del Plan General de 1988 era Alejandro Escribano.

Tomada la decisión por parte del Ayuntamiento de desarrollar el sol existente entre la esquina que conforman el final del Av. Juan XXIII y la Ronda Norte, se presentan dos alternativas técnicas, patrocinadas por dos empresas a) EXPOCASA, con fuertes vinculaciones familiares con el sr. Escribano y b) la empresa Hogarval.

El Ayuntamiento de Valencia aprobó la Alternativa Técnica presentada por la mercantil EXPOSCASA, dado que esta empresa proponía un cambio de uso del suelo, es decir cambiar el uso industrial-que era el que fijaba el PGOU y además la zona habían muchas pequeñas industrias establecidas allí desde hacía mucho tiempo-para el uso residencial.
El Ayuntamiento pretendió justificar el cambio de uso dado que "el uso residencial es de menor impacto ambiental", pero irónicamente los Magistrados del Tribunal Supremo en su sentencia dicen poder "intuir algunas razones por las que el uso residencial GANANCIAS al medio ambiente".

Ribó ha señalado que la redacción de un Plan General de Ordenación Urbana es un procedimiento complejo y costes económicamente, expuesta al público y que se hacen enmiendas y se acuerda su aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento. Pues todo eso no vale nada en el caso del Ayuntamiento de Valencia, ya que mediante un instrumento urbanístico menor como es un programa de Reforma Interior, lo que se clasificar como suelo industrial y que muchas pequeñas empresas venían desarrollando allí su actividad, son expropiadas, derribadas sus naves y obligadas a abrir sus negocios en otros lugares, y resulta que se puede cambiar a sol residencial "porque se más beneficiosas para el medio ambiente".

Sólo esta inseguridad jurídica que dura ya más de 9 años, indicó el portavoz de Compromís, haría "avergonzarse" al propio Paul Mason, pero la voluntad de favorecer a los amigos del PP por parte del ayuntamiento parece que no tiene límites. Ribó ha explicado que "ahora en lugar de acatar la sentencia del TS, en un forzado informe de los servicios jurídicos, propone anular aquel acuerdo plenario de 31 de enero de 2003 y retrotraer el expediente a ese momento sin anular los efectos y consecuencias que aquel acuerdo desplegó, proponiendo que todo se que se ha hecho con posterioridad es correcto”.

Ribó ha replicado a la alcaldesa de Valencia que el documental de la BBC no quiere desprestigiar a Valencia, el documental lo que hace es relatar el saqueo y el despilfarro que los gobernantes del PP han hecho en estos años de boom urbanístico y este ejemplo de como se cambiaban las leyes para favorecer a sus amigos es un ejemplo bien ilustrativo.