elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

Desarticulado un grupo organizado dedicado a vender contratos de trabajo falsos

  • Los detenidos estafaban mediante la venta de contratos de trabajo en empresas ficticias

  • Las víctimas, en situación irregular, solicitaban autorizaciones de residencia

Agentes de la Policia Nacional han desarticulado un grupo organizado dedicado a cometer estafas mediante la venta de contratos de trabajo falsos a nombre de empresas ficticias. Los arrestados son cuatro personas, tres hombres y una mujer, dos de origen español y dos boliviano, de entre 61 y 37 años, a los que se les imputa los delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal. Las víctimas, extranjeros irregulares, pagaban entre 900 y 1.200 euros por contrato que posteriormente utilizarían para solicitar la autorización de residencia.

La operación denominada Azahara se inició hace tres meses al tener conocimiento los policías que en un local de Valencia se pudiera estar vendiendo contratos de trabajo, así como que varios extranjeros podrían haber sido víctimas de una estafa.

Como consecuencia de las primeras gestiones realizadas, los agentes de la UCRIF localizaron un local como centro de operaciones del grupo, que con apariencia de gestoría, era frecuentado por dos españoles. Uno de ellos ejercía como abogado laboralista sin estar colegiado, y el otro hacía las funciones de gestor. La clientela era captada por una pareja boliviana que se encargaba de localizar extranjeros en situación irregular en nuestro país.

Una vez en el local las víctimas era recibidas por el supuesto abogado laborista, con numerosos antecedentes policiales por estafas, robos con fuerza, usurpación de estado civil el cual mediante engaño, convencía a éstas de poder conseguir un contrato de trabajo pagando una alta cantidad de dinero. Además les convencía que con estos contratos de trabajo lograrían la autorización de residencia en nuestro país.

Los policías de la UCRIF averiguaron que las víctimas, alrededor de una decena, pagaban entre 900 y 1.200 euros por contrato de trabajo, así como las empresas, al ser ficticias, nunca les pudieron dar de alta. El grupo criminal podría haber conseguido más de 10.000 euros con estos hechos.

Las víctimas presentaban las solicitudes de autorización de residencia junto con los contratos de trabajo en los que figuraban las empresas ficticias en la Delegación del Gobierno, que sistemáticamente denegaban dada la irregularidad de estas empresas.

Como consecuencia de las investigaciones, los policías averiguaron la identidad de los presuntos autores, identificando al español, que se hacía pasar por abogado laborista, como cabecilla del grupo, que tras ser localizados fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de estafa y grupo criminal.

Los detenidos, uno de ellos con antecedentes policiales, pasaron a disposición judicial.

Subir