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Torres propone incrementar el presupuesto para dependientes con el canon de la Fórmula 1 o los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones

  • El diputado socialista denuncia que “el Consell sigue entorpeciendo la aplicación de la Ley de la Dependencia, pese a los informes de oficio y las recomendaciones del Síndic de Greuges y del Defensor del Pueblo”

El portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Socialista en Les Corts, Antonio Torres, ha presentado una moción en Les Corts para reivindicar y exigir a la Conselleria de Justicia y Bienestar que se adopten las medidas necesarias con el fin de que aplique “correctamente” la Ley de la Dependencia en la Comunitat Valenciana. En ese sentido, ha propuesto incrementar el presupuesto, para hacer frente a los 23.904.000 euros que durante nueve meses supone el pago de los 16.612 dependientes de Grado III y II, recabando lo necesario del cánon de la Fórmula 1 (que asciende a 28.408.000 en 2012 y a 31.249.000 euros en 2013), del Impuesto de Patrimonio (109.000.000 euros), el Impuesto de Sucesiones (836.000.000 euros) o del Impuesto de Donaciones (157.000.000 euros). Así, ha exigido a la Generalitat que “se adopten las medidas necesarias para que los dependientes valencianos accedan a las ayudas en los mismos porcentajes que los dependientes de las demás Comunidades Autónomas”.

El diputado socialista ha exigido, además, a la Conselleria de Justicia y Bienestar Social que “asuma directamente las funciones que actualmente desempeña la empresa Avapsa”. Torres ha anunciado que “el Síndic de Greuges ya dudaba en 2008 del ajuste a la legalidad de esta compañía en relación con las funciones que realizaba”, puesto que, tal y como recoge el artículo 28.6 de la Ley de la Dependencia, las gestiones para su aplicación “no pueden ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas”.

También ha destacado que “no se han respetado los principios constitucionales de acceso al empleo público, en lo que se refiere a la igualdad, el mérito, la capacidad y la publicidad”. En ese sentido, ha apuntado que “la Conselleria acudió al Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) como si de una empresa privada se tratase” y “no exigió la titulación adecuada a la gestión, sino simplemente haber realizado un curso”.

Torres también ha denunciado que los trabajos que realiza Avapsa cuestan 8,7 millones de euros. “Un gasto que sería menor si esa función la asumiera la propia Conselleria y empleara a sus funcionarios”, ha declarado subrayando que esta empresa “tampoco ha sido un modelo de eficiencia en su funcionamiento”.

La moción que ha presentado el Grupo Parlamentario socialista en Les Corts recuerda, además, a los 20.000 dependientes que han fallecido mientras esperaban la resolución de su Programa Individual de Atención (PIA) y que, por lo tanto, ha recordado el diputado socialista “no han recibido la ayuda a la que sí tenían derecho”. A ese respecto, ha reclamado que “se regule un procedimiento especial para el reconocimiento y pago de las ayudas económicas”.

Sobre esta cuestión, ha lamentado que “la Sindicatura recomendó que se iniciara de oficio un expediente de responsabilidad patrimonial o se valorase la prestación para compensar a los familiares, sin embargo, -ha criticado Torres-, ha sido la Conselleria la que ha desestimado las demandas de responsabilidad patrimonial”.

Otra de las exigencias que recoge la moción, presentada por el diputado, Antonio Torres, es que “se dote del personal de refuerzo necesario para la realización de los PIA’s a los Servicios Sociales Generales de las corporaciones locales”. Así, ha denunciado que “la Conselleria haya creado, a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, una red paralela a la municipal, infringiendo la Ley 5/97 de Servicios Sociales y la Ley de Dependencia”.

El diputado socialista ha indicado que estas reivindicaciones se deben a que “el Consell sigue entorpeciendo la aplicación de la Ley de la Dependencia, pese a los informes de oficio y las recomendaciones del Síndic de Greuges y del Defensor del Pueblo”. “Sólo entre los años 2008 y 2010 hubo 4.400 quejas sobre la aplicación de esta norma en la Comunitat y la Generalitat no ha hecho nada por mejorar la atención a los dependientes”, ha denunciado.

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