Torres pide a Fabra que cumpla su “compromiso” con la transparencia y apoye las cinco comisiones de investigación que propone el PSPV
El portavoz socialista en Les Corts, Antonio Torres, ha lamentado que el primer pleno del mes de marzo de las Cortes Valencianas tenga que discutir sobre cinco propuestas de creación de comisiones de investigación que afectan a la gestión del Gobierno valenciano, de lo que se desprende la “deficiente gestión cuando no sospechosa de indicios de casos de corrupción”. De hecho, ha recordado, que varios de los temas a tratar ya están incluso en los juzgados. Torres ha destacado que la gestión del PP valenciano aboca a que se produzca un pleno de estas características para tratar de “aclarar lo que ha pasado” en todos estos graves casos.
‘Oscurantismo y ostracismo, señas de identidad del PP’
Así, los socialistas valencianos han presentado un total de cinco propuestas de creación de comisiones de investigación sobre la Empresa Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), sobre la compraventa de Valmor Sports, S.L., sobre el caso Nóos en la Comunitat, sobre el accidente del metro de 2006 y sobre la gestión económica en RTVV. Al respecto, ha reiterado que “la opacidad y ostracismo” de los gobiernos del PP en la Comunidad Valenciana, lamentablemente, son sus “rasgos identitarios” al tiempo que ha asegurado que esta “falta de transparencia” ha llevado a presentar estas iniciativas ya que el Consell “no ha facilitado ni facilita la documentación y la información” que desde el PSPV se ha reclamado para ejercer el control la acción del Ejecutivo valenciano.
Pleno de la corrupción
En este orden cosas, la diputada Carmen Martínez defenderá la comisión sobre la Epsar con el objetivo de conocer “la verdad” sobre la grave situación económica y otros extremos de especial inquietud sobre la gestión de la entidad, sobre todo una vez que se han conocido los informes de auditoría anuales y los informes de la Sindicatura de Cuentas desde 2005 a 2011.
En cuanto a la compraventa de Valmor Sports, S.L., la diputada Eva Martínez considera que hay que aclarar todas las actuaciones llevadas a cabo por el Consell y por parte de las empresas públicas que han participado en las ediciones del premio de Fórmula 1, como son Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SAU y Sociedad Proyectos Temáticos. Circuito del Motor compró la ruinosa empresa privada Valmort Sports que tenía los derechos para organizar la F1 de 2008 a 2014. Una compra que se realizó por un euro y que comprometía al Consell a seguir inyectando dinero público para aumentar el capital de la citada empresa.
Igualmente, Eva Martínez defenderá la creación de tercera comisión de investigación que se debatirá en el pleno de la semana que viene en Les Corts. En este caso, los socialistas plantean esclarecer las actuaciones de la Generalitat y especialmente las llevadas a cabo por parte de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) relacionadas con el Instituto Nóos para la celebración de las ediciones Valencia Summit y de los Juegos Europeos. En este caso, ha destacado que las últimas actuaciones judiciales señalan directamente a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al expresidente Francisco Camps. Sobre esta comisión, desde el PSPV se preguntan “por qué el PP ha querido agrupar el caso Nóos con Over Marketing”.
Por su parte, respecto al accidente del metro ocurrido en Valencia en 2006, Francesc Signes manifestará la necesidad de investigar y conocer nuevos elementos que puedan dar una visión diferente sobre los hechos y variar las conclusiones a que llegó la primigenia comisión. En este sentido, ha recordado que las conclusiones de aquella fueron muy cuestionadas, como también fue muy cuestionado el propio trabajo y los resultados que, ahora, ante nuevos datos y circunstancias es preciso valorar.
El diputado Josep Moreno intervendrá para defender “la obligación” del Consell de clarificar la gestión económica realizada en RTVV a partir de la modificación de la ley de creación del ente público llevada a cabo en el año 2000. En esta cuestión, la Sindicatura de Cuentas detectó en su informe de 2011 graves irregularidades en los contratos ya que no respondían ni al valor del mercado ni a las condiciones habituales de contratación. Unas irregularidades que requieren una explicación urgente ya que el ente alberga una deuda de 1.200 millones de euros y ha emprendido un ERE que afecta dramáticamente a 1.200 familias.
