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El grupo municipal socialista denuncia que la Generalitat Valenciana sigue derivando a centros privados en lugar de utilizar el SAD

    El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Quart de Poblet, Bartolomé Nofuentes, critica que la Generalitat Valenciana esté derivando a centros privados a las personas beneficiarias de las ayudas previstas en la Ley de Dependencia, en lugar de utilizar el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) municipal, cuando no sólo la alcaldesa, Carmen Martínez, sino los propios vecinos, representados en el Consejo Municipal de Bienestar Social, se lo ha demandado en varias ocasiones.

    El edil critica que “Camps dé la espalda de nuevo a los vecinos y las vecinas de Quart de Poblet, a los que ni siquiera ha dado una respuesta, como tampoco se la ha dado a la alcaldesa. Ni en este tema ni en otros de gran calado, como la construcción del centro de salud en el barrio de La Cebollera, que llevamos seis años reivindicando”.

    Nofuentes recuerda que el Consejo de Bienestar Social, compuesto mayoritariamente por representantes de asociaciones y entidades ciudadanas locales, se unió hace un mes a la reivindicación realizada el año pasado por Carmen Martínez para que el SAD municipal sea considerado como un servicio público de la Red de Centros y Servicios Públicos para la atención a las situaciones de dependencia y se tenga en cuenta a la hora de establecer los Programas Individuales de Atención de las personas dependientes del municipio que requieran y soliciten apoyo en sus domicilios.

    “Sin embargo, en lugar de cumplir lo que la propia Generalitat estableció en la orden por la que regula los requisitos y condiciones de acceso a las ayudas económicas de la dependencia, en la que sí se consideran los servicios municipales como parte de la red asistencial, lanzan una instrucción que exige a los posibles beneficiarios que, para optar a la ayuda presenten ya un contrato formalizado con una empresa privada, lo cual nos deja perplejos”, añade Nofuentes, quien exige al PP que “transfiera al Ayuntamiento la financiación necesaria para poder asumir la prestación del servicio de ayuda a domicilio a las personas dependientes que lo necesiten y, además, tenga en cuenta los criterios de copago aprobados, según los cuales si la capacidad económica del beneficiario es igual o inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, éste no participará en el coste de los servicios asistenciales que reciba en su domicilio”.

     

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