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La concejal de Acción Social acude a la presentación de la ILP contra el Copago

La concejal de Acción Social acude a la presentación de la ILP contra el Copago

    La concejal de Acción Social, Pilar Moncho, acudió ayer, en representación del Ayuntamiento de Sueca, a la presentación de la Iniciativa Legislativa Popular contra el Copago Confiscatorio, propuesta por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Este Comité, que aglutina a todas las asociaciones de personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana, representa, defiende y lleva a cabo acciones con el objetivo de avanzar en el reconocimiento de sus derechos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad con el resto de componentes de la sociedad. “La Iniciativa Legislativa Popular contra el Copago pretende que las personas con discapacidad mantengan su capacidad económica para, así mismo, mantener la calidad de vida en su entorno”, ha explicado Moncho.

    “La presentación de esta iniciativa tiene como objetivo conseguir las 500.000 firmas necesarias para la reforma del artículo 33 de la Ley de Dependencia, que deja la puerta abierta a la posibilidad del copago por parte de los dependientes. Así mismo, se pretende su regulación para que no perjudique a este colectivo, especialmente a aquellos cuya pensión es muy baja”, ha explicado Moncho, quien ha remarcado que “nuestra intención es que los ciudadanos y ciudadanas de Sueca, que quieran sumarse a esta iniciativa y firmar esta petición de reforma de la ley, sepan que pueden acudir al Ayuntamiento a hacerlo, ya que disponemos de las hojas correspondientes. Se necesitan alcanzar las 500.000 firmas para que la ley se lleve al Congreso y sea debatida”.

    La concejal de Acción Social señala así mismo que “si no se reforma esta ley, la puerta al copago quedará siempre abierta, no sólo al de los centros de asistencia, sino también, por ejemplo, al copago sanitario, al que también están sometidos los dependientes. Las personas con discapacidad tienen, por norma general, una vida más larga que los usuarios de residencias para personas mayores. Por tanto, y sin querer perjudicarlos, quieren tener el derecho a esa vida digna; no consideran su situación equiparable a la de una persona mayor que está en una residencia”.

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