Santamaría: “El PP se opone a que el modelo económico que proponen Podemos y Compromís en Venezuela se aplique en la Huerta de Valencia”

El diputado del Grupo Parlamentario Popular (GPP) Luis Santamaría, ha señalado hoy que el PP no apoyará que "el modelo económico que proponen Podemos y Compromís perfectamente ejecutado en Venezuela con los resultados que todos conocemos, se aplique en la Huerta de Valencia".

Así, ha recordado que la Huerta valenciana afecta a 63.000 hectáreas, a 1´5 millones de personas en 44 municipios, emplea a 25.000 personas y sus productos alcanzan en el mercado un valor de 600 millones.

Ha lamentado que la Ley no cuente con "todos" ni con los responsables institucionales en materia de agricultura ni con los agricultores que son "los principales protagonistas de esta norma" ya que "no recogieron ni una sola de sus legítimas reivindicaciones". Por eso esta ley "no le gusta a los agricultores" porque "para este Consell primero es el territorio y luego ellos".

Las enmiendas del PP, ha explicado, intentan "corregir el texto inicial de la Ley porque el PP sí quiere proteger la huerta, sí quiere que todos los colectivos se sientan cómodos con el texto de la Ley y lo que no queremos es que la Ley sirva únicamente al objetivo de contentar a los colectivos afines a Podemos y Compromís".

Así, ha denunciado que la Ley impone importantes cargas a la maltrecha economía de los agricultores sin introducir compensaciones, y tiene 'cero' euros de dotación presupuestaria, lo que supone "condenarlos a muerte. Condenar a muerte a una forma de vida, la de muchos de nuestros padres y abuelos".

En esta línea, ha recordado que se imposibilita la alteración de la estructura parcelaria, no se permite modificar sustancialmente los tipos de cultivo, se impone la reducción de los productos fitosanitarios y fertilizantes, se limitan las ayudas a los agricultores que se decanten por plantar productos ecológicos.

Además, la Ley sólo habla de los agricultores profesionales y no de productores agrarios lo que deja al margen de las ayudas al 90% de los agricultores y la clasificación general del suelo como rural protegido no urbanizable no lleva compensación alguna para el agricultor.

Por otro lado, la ley atribuye a los agricultores la función de cuidar del patrimonio hidráulico, del patrimonio arquitectónico, del etnológico, del natural, la red de caminos y sendas y del paisaje. Y ello sin compensación alguna. Así, se prima la rehabilitación de las construcciones existentes sobre las nuevas construcciones, pero no se incluyen ayudas al respecto.

Santamaría se ha preguntado el por qué para el Consell "estos agricultores sí, y el resto de agricultores de la Comunitat Valenciana no. ¿Por qué está ley, si es tan buena, se aplica únicamente a la agricultura periurbana del área metropolitana de Valencia?. Porqué no se aplica también a la agricultura periurbana de Castellón, Gandía o Alzira?".

Para el PP la única forma de proteger la Huerta es hacer que la actividad agraria que en ella se desarrolla sea rentable por lo que "proponemos que la Ley no entre en vigor hasta que se haga un Informe de Viabilidad de las explotaciones que debe ser consensuado con las organizaciones agrarias".

"Proponemos que la Ley no entre en vigor hasta que se apruebe un Plan de Desarrollo Agrario dotado con los recursos suficientes para que la actividad agraria se mantenga y hasta que la conselleria y las organizaciones agrarias consensuen las compensaciones e indemnizaciones que deben recibir los agricultores por las cargas.

"Se trata de una Ley que nacionaliza la actividad agraria cuando permite que sea un consejo el que planifique dicha actividad, recuperando modelos colectivistas pasados salvo en el caso de Venezuela", ha señalado.

Además, es una Ley que privatiza la política agraria de la Generalitat en la Huerta de Valencia que pasa de estar en la conselleria donde está, a un consejo dónde no sabemos muy bien quien estará. "Y además es una Ley especulativa pues deja un millón de metros libres para la especulación urbanística".

Para Santamaría, "la Ley abre el camino a que la Huerta de Valencia acabe en manos de unos pocos, ese 10% de agricultores que son los únicos que pueden acceder a las bolsas de suelo. Y eso tiene un nombre traición".