Riba-roja aprueba la creación de una comisión sobre escuchas ilegales
El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado esta mañana por unanimidad de todos los grupos políticos la creación de las dos comisiones de investigación previstas en el orden del día de hoy lunes. Una de ellas trata sobre las escuchas ilegales telefónicas realizadas en el edificio consistorial por parte de una formación política y la otra analizará el actual contrato de la limpieza viaria que se formalizó en el año 2003.
El orden del día de la sesión plenaria ha dado luz verde a ambas cuestiones con el voto a favor de todos los grupos con el objetivo de esclarecer todos los detalles concernientes a los dos asuntos de ámbito municipal. Las dos comisiones de investigación estarán presididas por el alcalde junto a los representantes de todos los partidos políticos municipales en forma proporcional que serán designados en el plazo máximo de diez días.
Las comisiones de investigación tendrán acceso a toda la información y documentación que se requiera por parte de la misma y que obre en poder del Ayuntamiento de Riba-roja en relación a ambas cuestiones. La comisión podrá requerir, a instancias de cualquiera de sus miembros, la presencia en sus sesiones de trabajo de todas las personas que puedan aportar información sobre la investigación en curso.
El acuerdo plenario de hoy y refrendado por todos los grupos municipales especifica que en ningún caso "no se vetará ninguna comparecencia que desde cualquier grupo político se pueda solicitar" y, además, fija el calendario de sesiones de trabajo de la comisión, con un mínimo de una sesión quincenal con el propósito principal de averiguar todos los detalles de ambas cuestiones.
El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- ha agradecido que todos los grupos políticos hayan apoyado la propuesta del ejecutivo local de crear ambas comisiones "en dos cuestiones que han provocado un enorme escándalo y malestar en la opinión pública local de Riba-roja en particular y en la política valenciana en general".
El gobierno municipal ha añadido que las escuchas telefónicas "han supuesto una vulneración de un derecho fundamental como la privacidad de las conversaciones con el objetivo de exponerla en pública en determinados foros públicos" y, por otra parte, ha subrayado que en el caso de la contrata de la limpieza viaria "es necesario que los ciudadanos de Riba-roja sepan el destino final de los 113.000 euros que se debían haber invertido en las campañas de concienciación ciudadana".
En el caso de las escuchas telefónicas se investiga los hechos acaecidos el pasado 31 de enero en el edificio consistorial sobre la grabación ilegal que realizó el portavoz de Riba-roja Pot, Rubén Ferrer, de una conversación telefónica entre los ediles de Ciudadanos y el concejal de Esquerra Unida, Rafael Gómez, con el objetivo de desacreditar políticamente a esta última formación política.
Sobre el actual contrato de la limpieza viaria, la comisión de investigación estudiará el destino de los 113.000 euros que la empresa concesionaria debería haber invertido en los últimos años -según consta en una de las cláusulas del contrato firmado entre ambas partes en 2003- en materia de campañas de concienciación ciudadana y que a día de hoy no se han llevado a cabo.
