El Gobierno de Riba-Roja denuncia que las cuentas generales entre los años 2000 y 2013 no se han aprobado en el pleno municipal
El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- ha denunciado que el anterior ejecutivo del Partido Popular dejó sin presentar en el pleno municipal las cuentas económicas generales entre los años 2000 y 2013, tal y como establece la actual ley reguladora de las haciendas locales.
El ejecutivo local ha asegurado que entre los citados años no se presentaron las cuentas generales en el pleno municipal como se hace habitualmente para dar cuenta al máximo órgano de representación popular. En este documento se incluye un análisis pormenorizado de la situación económica de la localidad, con el estado detallado del patrimonio, los bienes y derechos del consistorio, los préstamos, las deudas y la financiación de sus servicios.
Las cuentas generales también ofrecen datos e información sobre los gastos, los recursos y la gestión que se ha llevado a cabo en el presupuesto económico anual, así como las pérdidas y los beneficios obtenidos. Por tanto, las cuentas generales son el instrumento que el equipo de gobierno se encarga de llevar al pleno municipal para su debate y estudio entre todas las formaciones políticas.
Sin embargo, el anterior gobierno del Partido Popular no presentó al preceptivo pleno municipal estas cuentas imprescindibles sobre la situación económica de una entidad local. Por este motivo, el actual gobierno ha presentado un escrito a la Síndic de Comptes sobre esta circunstancia con el objetivo de solucionar y regularizar estas anomalías con las que se encontró el ejecutivo local cuando accedió al poder tras las últimas elecciones municipales.
De hecho, el Síndic de Comptes ha abierto una investigación sobre la gestión que llevó a cabo el anterior gobierno del PP en relación al presupuesto de 21'2 millones de euros correspondiente al año 2014 con la finalidad de fiscalizar la actividad económico-financiera y la cuenta general, con especial atención a la política de personal, los bienes de titularidad municipal, los contratos menores públicos sobre obras municipales y las contrataciones negociadas sin publicidad.
El Síndic también ha solicitado información adicional de otros ejercicios como los expedientes de los presupuestos de los años 2015 y 2016, las dos anualidades siguientes a la del ejercicio investigado, como son los anexos de inversiones públicas, las retribuciones de los empleados públicos sobre los tres presupuestos y el detalle de todas las partidas de ingresos y gastos llevadas a cabo a lo largo de los citados ejercicios, además de informes memorias y resoluciones.
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha manifestado que las carencias en materia económica "halladas en el ayuntamiento son el fiel reflejo de la gestión deficiente que ha llevado a cabo el Partido Popular a lo largo de los últimos 20 años en el ayuntamiento, ya que son múltiples las anomalías y los problemas que hemos tenido que solventar desde que accedimos al gobierno municipal".
Raga ha subrayado "la especial colaboración que estamos dispensando al Síndic de Comptes para que las cuentas económicas del Ayuntamiento de Riba-roja sean un ejemplo del buen trabajo que una administración pública local debe realizar ya que se trata de la gestión del dinero y de los recursos de todos los ciudadanos de nuestra localidad".
No obstante, el equipo de gobierno ha alertado de los riesgos económicos que corre el Ayuntamiento de Riba-roja a medio y largo plazo por las posibles sentencias judiciales y las reclamaciones por parte de los propietarios por valor de hasta 36 millones de euros a razón de 14 millones por juicios y litigios de expropiaciones de suelo que el ex alcalde Francisco Tarazona y la actual portavoz del PP María José Ruiz no pagaron a sus dueños y que ahora están saliendo a la luz pública.
En esta situación se halla el caso de la hija del ex alcalde, la comunidad de regantes o una empresa inmobiliaria que podrán cobrar por la ocupación de terrenos para construir dos pozos de agua. No hay que olvidar el riesgo de los 22 millones de euros por las expropiaciones derivadas del PAI de Porxinos anulado por el Tribunal Supremo.
