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Riba-Roja multará con 3.000 euros la instalación de carteles de publicidad sin autorización municipal

Riba-Roja multará con 3.000 euros la instalación de carteles de publicidad sin autorización municipal
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    El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una ordenanza para regular la instalación de publicidad estática en parcelas públicas y privadas del término municipal tras detectar la existencia actual de decenas de carteles y vallas publicitarias sin ningún tipo de regulación. El acuerdo plenario prevé sanciones de entre 500 y 3.000 euros para los infractores. La medida del equipo de gobierno -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- contó con el respaldo del Partido Popular y de Ciudadanos y la abstención de Riba-roja Pot.

    La nueva ordenanza publicitaria, cuya parte fiscal se aprobará próximamente en el pleno, pretende regular un vacío legal existente actualmente en numerosas parcelas públicas y privadas de la localidad en cuyo interior se han instalado carteles y vallas publicitarias sin ningún tipo de base jurídica y, por tanto, se ha privado a las arcas del consistorio de ingresar el correspondiente canon económico.

    Entre los soportes publicitarios regulados en la ordenanza cabe citar la publicidad estática que se efectúa mediante vallas o postes fijos, la móvil a través de medios de transporte y automóviles, la aérea que se desarrolla con aviones, globos y medios dirigibles, la impresa que se reparte en la vía pública y, por último, la publicidad audiovisual en la que se incluye, además, los medios mecánicos y electrónicos.

    La normativa refrendada por el pleno prohíbe y delimita el marco de actuación de la publicidad con el objetivo de evitar un menoscabo o un daño en determinadas ubicaciones, entre las que cabe citar las áreas y entornos de bienes de interés cultural (BIC), aquellas zonas que perjudiquen el tráfico rodado, los soportes instalados en árboles, farolas o semáforos, en edificios que molesten a los vecinos, en inmuebles declarados en ruina, en áreas forestales, en el mobiliario urbano o aquella publicidad que se pueda confundir con señales de tráfico, entre otros.

    Las habituales vallas publicitarias sólo se podrán instalar en suelo urbano y siempre que se ubiquen en las medianeras de edificios, en solares y en los vallados de protección y andamios de obras. Quedan prohibidas expresamente las vallas en suelo no urbanizable mientras que en el suelo urbanizable sólo en el caso de una autorización explícita del plan general o de la ley de carreteras. La vigencia de las vallas está fijada en dos años y en cuatro para el caso de los monopostes.

    La ordenanza establece tres tipos de categorías para las infracciones. Las calificadas como leves conllevarán una sanción de hasta 500 euros para aquellos que no mantengan las vallas en condiciones de seguridad, salubridad y ornato. Las infracciones graves se tipificarán con sanciones de hasta 1.500 euros en aquellos casos en los se ajuste la licencia a la realidad, el incumplimiento de órdenes de ejecución de mantenimiento y conservación y la reincidencia de tres faltas leves en un año.

    Por último, las infracciones muy graves acarrearán multas económicas de hasta 3.000 euros para aquellas personas que hayan cometido tres faltas graves en un periodo máximo de un año, con el objetivo de impedir que se puedan instalar soportes de publicidad sin ningún tipo de autorización, tanto en suelo público como privado del término municipal de Riba-roja de Túria. El responsable directo de las infracciones será la empresa publicitaria y de forma subsidiaria recaerá en el propietario del suelo, el titular del mensaje y el técnico competente.

    El equipo de gobierno ha subrayado que esta ordenanza que entrará próximamente en vigor pretende "cubrir un espacio que existía en Riba-roja desde hace años y que con el paso del tiempo se ha hecho indispensable su puesta en marcha ya que se trata de una demanda incipiente por parte de empresas e industrias de nuestro municipio, por lo que hemos dado respuesta a esta reivindicación". El ejecutivo local ha añadido que este texto normativo "cumple una doble función, por una parte de dotar de una seguridad jurídica a este tipo de difusión publicitaria y, por otra, supondrá unos ingresos económicos de los que hasta ahora se ha privado a las arcas públicas".

     

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