Riba-roja denuncia en la Fiscalía la presencia de sustancias peligrosas en el vertedero de Basseta Blanca
Cinco análisis químicos constatan la existencia de arsénico, cromo y níquel
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha acordado remitir el expediente del vertedero de Basseta Blanca a la Fiscalía de Valencia para que ejercite las posibles acciones penales y civiles por un presunto delito contra el medio ambiente. El vertedero acoge actualmente en su interior más de 800.000 toneladas de residuos sólidos acumulados durante años procedentes de los municipios del área metropolitana de Valencia y gestionados por la Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE), dependiente de la Generalitat.
El acuerdo de este órgano de gobierno muestra la "preocupación" por la posible contaminación del suelo y de las aguas subterráneas del entorno del antiguo vertedero de Basseta Blanca, cerrado por orden municipal en 1993, hasta el punto que tras estudiar dos muestras de suelo y otras tres de agua se ha constatado la existencia de arsénico, cromo y níquel en niveles superiores a las referencias fijadas en el decreto de 9/2005. Los lixiviados que se han formado a partir de los restos sólidos existentes han llegado hasta las carreteras adyacentes y existe el peligro de que hayan llegado a algunos acuíferos.
Los resultados obtenidos tras la realización de los estudios científicos demuestran "un riesgo potencial para los receptores -humanos o ecológicos- y, por tanto, requiere de una evaluación detallada de los mismos" al tiempo que recomiendan la elaboración de un estudio hidrogeológico con el objetivo principal de "conocer el origen y las características físico-químicas de las aguas detectadas en los sondeos así como el funcionamiento hídrico, para averiguar del destino final de las aguas así como la evolución de la carga contaminante" en este área de Riba-roja.
La Junta de Gobierno ha decidido, tras analizar las conclusiones del estudio, remitir el informe geológico al EMTRE, como órgano gestor de Basseta Blanca, para que proceda al sellado del vertedero, a la descontaminación del área afectada, otra copia a la Conselleria de Medio Ambiente para que obligue al EMTRE a realizar estas tareas o a realizarlas la Generalitat directamente como responsable civil subsidiario, y, por último, una copia a la Confederación Hidrográfica del Xúquer para que elabore un estudio hidrogeológico para averiguar el origen y las características físico-químicas de las aguas detectadas en los sondeos, así como su funcionamiento hídrico, el destino de las aguas y la evolución de la carga contaminante.
En última instancia, el Ayuntamiento de Riba-roja enviará el informe geológico, el informe jurídico respectivo y los antecedentes de Basseta Blanca a la Fiscalía para que determine y depure posibles responsabilidades penales o civiles cometidos en el transcurso del proceso de cierre de este vertedero que funcionó en la década de los años 80 y 90 en esta localidad para acoger los residuos sólidos urbanos de los municipios del cinturón metropolitano de Valencia.
La importancia de este vertedero radica en el enorme volumen que llegó a almacenar en su interior, alrededor de 124.000 metros cuadrados de extensión, y con cerca de 800.000 toneladas de residuos sólidos acumuladas. Estuvo en funcionamiento entre los años 1983 y 1993, fecha en la que un alcalde socialista procedió a su clausura, si bien todavía continuó otros tres años recibiendo basura por la incompetencia del anterior gobierno del Partido Popular para cerrar definitivamente estas instalaciones.
El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria ha señalado la "necesidad" de concluir el proceso de sellado y restauración "de un paraje de indudable valor ecológico y ambiental muy estimado por todos los ciudadanos y que supone una asignatura pendiente desde hace años para el ayuntamiento que se ha visto perjudicado por los sucesivos gobiernos del PP durante las dos últimas décadas".
El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha añadido que entre los años 1993 -fecha de la firma del decreto del alcalde- y el año 1996 -con la sentencia del Supremo- se vertieron miles de toneladas de residuos orgánicos por parte de los municipios del área metropolitana de Valencia "de forma absolutamente ilegal y provocaron un perjuicio ecológico notable en este paraje y, por ello, es necesario que la justicia dilucide posibles responsabilidades de esta actuación".
