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Riba-roja cierra el presupuesto de 2015 con un superávit de 4'6 millones y reduce la deuda municipal a cero

Riba-roja cierra el presupuesto de 2015 con un superávit de 4'6 millones y reduce la deuda municipal a cero
  • El gobierno municipal aprueba la liquidación del ejercicio del pasado año

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha cerrado el presupuesto económico del pasado ejercicio 2015 con un superávit de 4'6 millones de euros que ha permitido eliminar, definitivamente, la deuda municipal que tenía contraída con las entidades bancarias desde hace años hasta llegar a cero gracias a la cancelación de los diferentes préstamos financieros.

La liquidación de las cuentas revela que a lo largo del pasado año las arcas municipales ingresaron un total de 27 millones de euros mientras que los gastos se situaron en un total de 20 millones, de forma que tras aplicar unos ajustes financieros de 1'7 millones de euros -correspondientes a gastos aplazados y transferencias de las administraciones públicas, entre otros- suponen el citado superávit de 4'6 millones.

El gobierno de Riba-roja -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- ha trasladado los 4'6 millones del superávit presupuestario al remanente de tesorería municipal hasta situar esta partida en un total de 7'2 millones de euros que permitirán destinar mayores volúmenes de inversión y gasto social en diversos programas del próximo presupuesto económico de 2016. Además, el cierre de la liquidación del pasado ejercicio ha fijado una liquidez financiera de 6'7 millones de euros por parte del ayuntamiento en las cuentas de las entidades bancarias.

De esta forma, la deuda municipal se ha eliminado por completo ya que el crédito de 3'8 millones de euros de Riba-roja de Túria que en su día se concertó con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para el pago a los proveedores se ha cancelado tras el abono de las cantidades pendientes del capital de amortización y se convierte así en uno de los escasos municipios del Camp de Túria que carece de préstamos económicos. El informe de la intervención constata que el Ayuntamiento de Riba-roja "cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, cumple la regla de gasto y cumple con el límite de deuda".

El concejal de Hacienda, José Ángel Hernández, ha subrayado que los datos contenidos en la liquidación del 2015 "son el fruto del trabajo que los miembros del actual equipo de gobierno hemos realizado a lo largo de los 9 meses que llevamos al frente de la administración local al ajustar los gastos corrientes a la capacidad financiera del ayuntamiento, además de las tareas de organización y optimización de los recursos públicos con el ánimo de mejorar las prestaciones para los vecinos sin necesidad de incrementar los impuestos y las tasas".

Hernández ha recordado que el gobierno local "ha conseguido que por fin la Generalitat se ponga al día en los pagos de los servicios que son de su competencia y haya abonado los 3'1 millones de euros que adeudaba desde hacía años por la desidia y el despilfarro del Partido Popular y, además, hemos tenido que pagar los 870.000 euros correspondientes para acatar una orden judicial por una expropiación urbanística".

El edil de Hacienda ha añadido que a la vista de los datos "afrontamos con un optimismo razonable las cuentas de 2016 gracias a la capacidad para generar nuevos ingresos sin aumentar impuestos, continuar pagando los gastos corrientes, especialmente a los proveedores, y unos servicios públicos centrados en los servicios sociales, el empleo y las nuevas infraestructuras". El presupuesto de 2016 contendrá una rebaja generaliza de los impuestos y las tasas, sobre todo el impuesto de bienes inmuebles con rebajas del 5% o hasta cerca del 50% en los impuestos correspondientes a los vehículos industriales.

Por último, el equipo de gobierno ha alertado de los riesgos económicos que corre el Ayuntamiento de Riba-roja a medio y largo plazo por las posibles sentencias judiciales y las reclamaciones por parte de los propietarios por valor de hasta 36 millones de euros a razón de 14 millones por juicios y litigios de particulares y empresas y los restantes 22 millones en las indemnizaciones al Valencia derivadas del PAI de Porxinos anulado por el Tribunal Supremo.

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