Riba-roja descuenta hasta 400 euros al mes a los trabajadores municipales para aplicar una sentencia del Supremo

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aplicado desde este mes de enero un descuento de hasta 400 euros al mes a los 200 trabajadores municipales -sobre un total de 370- afectados por la sentencia del Tribunal Supremo que anula el incremento salarial que el anterior gobierno encabezado por el ex alcalde Francisco Tarazona, del Partido Popular, aprobó en junio de 2010 por encima del límite del Ministerio de Hacienda.

La aplicación de la sentencia supondrá reducciones en las nóminas de los trabajadores para devolver el dinero que han cobrado de más a lo largo de este tiempo con unas cantidades que oscilan entre los 50 y los 400 euros, en función de la categoría laboral de cada uno, a razón de 20.000 euros mensuales -240.000 euros al año- durante los próximos ejercicios en aplicación del fallo judicial del Supremo.

El equipo de gobierno ha convocado a los empleados afectados a una asamblea informativa en la que se les ha explicado las causas de la reducción de sus nóminas así como la duración y las medidas que adoptará en las próximas semanas el consistorio de Riba-roja para evitar que el poder adquisitivo de los empleados públicos se vea afectado por la citada sentencia. Además, les ha informado de que próximamente se reunirá con la Delegación del Gobierno para consensuar medidas que permitan restituir el poder adquisitivo perdido por la aplicación de la sentencia judicial..

El fallo del Supremo ratificaba la que previamente emitió el Tribunal Superior de Justicia valenciano que admitía el recurso del Abogado del Estado, a instancias de la Delegación del Gobierno, al considerar que el aumento del 3'2% auspiciado por el gobierno de Tarazona rebasaba ampliamente el límite del 0'3% fijado por el Ministerio de Hacienda, es decir, el consistorio aumentó el poder adquisitivo en hasta un 2'9% en total.

Entre las medidas que ha adoptado el actual equipo de gobierno -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- destaca la supresión de algunas plazas que el anterior ejecutivo local convocó de manera ilegal, entre las que destaca la eliminación del puesto de intendente principal de la policía local y que se hará efectivo en el presupuesto económico de este año 2016.

Los hechos que motivaron la sentencia demoledora del Tribunal Supremo arrancan en junio de 2010 cuando el ex alcalde y su equipo de gobierno -del que formaba parte la actual portavoz del PP María José Ruiz- aprobaron una subida salarial del 3'2% para el personal funcionario y laboral que entraba en vigor a partir del siguiente ejercicio 2011, a las puertas de las elecciones municipales de mayo de ese mismo año. Todo ello a pesar de que el incremento incumplía el mandato del Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, primero el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y, a continuación, el Tribunal Supremo en última instancia ratificaron la ilegalidad que la medida del gobierno del Partido Popular de Riba-roja de Túria aplicó a cerca de 200 de los 400 trabajadores que forman parte del ayuntamiento.

El fallo del Supremo está fechado el 23 de octubre y la notificación se realizó el 20 de noviembre de ese mismo año. Sin embargo, la sentencia no se comunicó al pleno del ayuntamiento en los meses posteriores y no fue hasta la entrada del actual gobierno cuando se le dio la publicidad a la que está obligado el gobierno local ante decisiones judiciales de este cariz.

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha subrayado que la aplicación de la sentencia "es un decisión que toma el actual gobierno ante la dejadez y las malas artes del Partido Popular que prefirió saltarse a la torera una directriz del Ministerio con el único objetivo de sacar un rédito electoral ante la cita en las urnas que pocos meses después se produciría, sin olvidar que por sólo 35 votos el PP conservó el poder; sin embargo, la compra de votos fue descarada y sin ningún tipo de rubor".