Riba-roja afronta el pago de 36 millones de euros por juicios y reclamaciones pendientes

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria se prepara para afrontar un horizonte judicial "caliente" durante este otoño y el próximo invierno que en el peor de los casos supondría un desembolso de hasta 36 millones de euros para las arcas municipales. En el trasfondo de esta importante cifra se hallan las reclamaciones judiciales y los juicios pendientes de sentencia final tras las denuncias de empresas privadas y personas particulares.

El montante global que en estos momentos maneja el actual equipo de gobierno de Riba-roja -PSPV, Compromís y Esquerra Unida- se circunscribe a diversos litigios que se arrastran a lo largo de las últimas legislaturas gestionadas por el Partido Popular en el área de urbanismo, centro de la polémica por el desacuerdo de algunos vecinos y empresas contrarios al considerar lesionados sus derechos individuales.

Entre los aspectos más controvertidos cabe destacar una reclamación de 6'7 millones de euros por parte de una vecina a raíz de unas expropiaciones de terrenos por parte del anterior ejecutivo encabezado por el ex alcalde Francisco Tarazona, del Partido Popular, al entender como "exiguo" e "injusto" el precio con el que el consistorio de Riba-roja había valorado estas propiedades.

Sin embargo, estas cantidades se añaden a otras muchas como los 2'2 millones que exige el propietario de una fábrica que se incendió en un polígono industrial de Riba-roja por el fuego causado por una empresa anexa que carecía de la pertinente licencia de actividades al considerar al ayuntamiento como "responsable civil subsidiario" de estas graves anomalías administrativa.

Otra conocida mercantil del sector de la construcción exige también una indemnización de 2'2 millones de euros a raíz de la falta de ejecución de un programa de actuación integrada (PAI) en un área del término municipal con el objetivo de cobrar una "indemnización" por el posible daño y perjuicios causados. Otra mercantil reclama el pago de 506.000 euros por parte del consistorio al considerar "contrario a ley" la decisión de la administración local de rescindir el contrato por la prestación de un servicio municipal.

Otras empresas privadas y personas particulares de Riba-roja han presentado los pertinentes litigios judiciales para resarcir posibles perjuicios económicos derivados de actos administrativos en el ámbito urbanístico con cantidades que oscilan entre los 2.500 euros y los 420.000 euros como máximo. Además, el consistorio ha fijado en 1 millón de euros las costas e intereses que se pueden desencadenar próximamente de esta enmarañada situación judicial.

No obstante, el conocido como PAI Porxinos -promovido por el Valencia y anulado por el Tribunal Supremo para construir una ciudad deportiva en Riba-roja- representa una buena parte de los 36 millones de euros en total que el equipo de gobierno deberá pagar a medio plazo. En este caso, el PAI de Porxinos podría significar el pago de otros 22 millones de euros en indemnizaciones al Valencia que, unidos a los otros 14 millones por diversas reclamaciones del resto de litigios, situarían la cifra en los citados 36 millones.

Por todo ello, el equipo de gobierno prepara ya el presupuesto económico del próximo año 2016 con una estimación "prudente" y "rigurosa" de 2 millones en materia del pago por indemnizaciones y otros 300.000 euros en concepto de costas e intereses a corto plazo. En el caso de que fuese necesario ampliar esta cifra inicial "los tribunales suelen aceptar un calendario de pagos fraccionados".

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subrayado que estas cantidades "pueden lastrar el futuro económico del ayuntamiento durante los próximos años por las deficiencias y la mala gestión del Partido Popular que lejos de conseguir acuerdos y ententes con las empresas y personas particulares se empecinaba en determinadas cuestiones que nos pueden costar muy caras; sin embargo, este gobierno luchará para que la calidad de vida y el bienestar de nuestros vecinos no se vea mermada".