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El alcalde destituye a 4 mandos de la Policía Local por ocupar el cargo durante 2 años sin un contrato legal

El alcalde destituye a 4 mandos de la Policía Local por ocupar el cargo durante 2 años sin un contrato legal

    El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha destituido de forma fulminante a 4 mandos de la policía local por permanecer de forma ilegal durante los últimos 2 años en sus cargos a pesar de que su contrato había finalizado en el año 2013. En todos los casos se trataba de plazas que en su momento el Partido Popular había decidido designar mediante una comisión de servicios, es decir, de forma "digital" sin ningún tipo de oposición ni de pruebas.

    Las plazas estaban incluidas en la relación de puestos de trabajo (RPT) del año 2011 que el Tribunal Supremo en la que se anula el incremento salarial que el ex alcalde del Partido Popular, Francisco Tarazona, aprobó a cerca del 70% de los trabajadores del ayuntamiento -alrededor de 250 de los 370 del total- al saltarse el límite del 0'3% fijado or el Ministerio de Hacienda en virtud de la ley de estabilidad presupuestaria.

    El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha firmado la destitución de los dos inspectores que ejercían sus funciones -uno de ellos con rango de inspector jefe- al considerar que la comisión que se les aprobó en 2011 expiró en el año 2013, por tanto, ejercían sin un respaldo legal "por la incapacidad de los anteriores gestores del Partido Popular que nos ha obligado a tomar una rápida decisión para regularizar esta situación".

    Como consecuencia de estas destituciones, los dos inspectores han regresado a sus antiguas funciones como oficiales del cuerpo de la policía local -uno con rango de jefe- para cumplir con la legalidad vigente y, por ende, los dos oficiales existentes hasta ahora, que también ocupaban el cargo en una comisión de servicios concluida igualmente desde el año 2013, han vuelto a la condición de agentes de la policía. Por último, cabe destacar que otros dos agentes que hasta ahora ejercían sus funciones en la policía local han sido despedidos por el ayuntamiento para cumplir con la legalidad en materia de personal ya que no se pueden crear otras dos plazas.

    El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha destacado la labor "encomiable" de los cuatro agentes destituidos "a lo largo de estos años pero no podíamos consentir que continuase la situación de ilegalidad en la que incurríamos en esta administración por la incompetencia política que veníamos sufriendo en los últimos tiempos en un área que se encarga de la seguridad de todos los ciudadanos; una administración pública y cercana como es el ayuntamiento debe dar ejemplo ante el resto de los contribuyentes y de los ciudadanos como garantes de la seguridad".

    El alcalde ha lamentado que la "caótica" política de personal de los 20 años de gobiernos del Partido Popular "ha supuesto un descontrol en el funcionamiento y la gestión que se ha traducido en estas irregularidades tan graves en el cuerpo de la policía que, incomprensiblemente, no se habían percatado de que las comisiones no se habían renovado y éstas habían expirado hace nada menos que dos años".

    Actualmente, la plantilla de la policía local tiene diversas plazas vacantes como consecuencia de las deficiencias e irregularidades citadas, entre las que cabe destacar el puesto de intendente principal, otra de intendente sin cubrir y, por último, otras dos plazas de inspectores pendientes de adjudicar. La situación ocurrida en los últimos tiempos ha obligado a nombrar a un oficial con el rango de jefe que se encarga de coordinar y gestionar las tareas de los agentes de policía.

    Por último, el alcalde ha anunciado la voluntad del actual gobierno de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- de cubrir las plazas vacantes en la policía local "a través de procedimientos amplios y públicos que garanticen la libre concurrencia para que al final los mayores beneficiados sean los ciudadanos que reciban un servicio acorde a nuestro municipio; durante años el PP optó en exceso por las comisiones de servicio que, al final, son procesos a la carta del gobernante".

     

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