Pugna en la Generalitat Valenciana por el control del urbanismo
El anuncio del conseller de Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, de presentar una única normativa que simplifique el cuerpo legislativo urbanístico valenciano ha abierto una pugna en el seno del Consell de la Generalitat entre esta propuesta y la legislación actual refundida en la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que fue diseñada por el conseller de Inmigración y Ciudadanía y actual portavoz del PP en las Cortes, Rafael Blasco, cuando era responsable del urbanismo, entre el 2003 y 2006.
En la propuesta de Cotino se pretende acabar con la inseguridad que han generado leyes con más de mil artículos y devolver a los ayuntamientos todo el protagonismo frente a la iniciativa privada del agente urbanizador que promovía y ejecutaba, según los informes de expertos que han servido para formalizar el nuevo ordenamiento.
Sin embargo, entre los colaboradores de Rafael Blasco se considera que las leyes que este promulgó durante su mandato estaban totalmente apoyadas por el presidente de la Generalitat, Francesc Camps, daban toda la responsabilidad a municipios y Generalitat e incorporaban las cesiones a la administración del suelo no urbanizable en superficie igual al reclasificado, lo que se consideró la ley del “metro por metro” que molestó a muchos promotores pero adaptó el urbanismo valenciano a las exigencias europeas. “¿Para qué cambiarlo?”, dicen estos colaboradores.
El secretario de la Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunidad Valenciana, Benjamín Muñóz, considera que la LUV había que cambiarla, aunque reconoce que la normativa que impulsa el conseller Cotino es una vuelta al urbanismo de 1956 o 1976. “¿Qué ayuntamiento va a tener capacidad para impulsar el desarrollo urbanístico? Solo los muy grandes”, dice Muñoz.
La nueva normativa llega en un momento en el que el sector de la promoción y construcción de la vivienda “está parado”, según Benjamín Muñoz, a la espera de que la reactivación económica en Alemania e Inglaterra impulse la compra de viviendas residenciales. Pero mientras tanto en 2009 cayó la compraventa de inmuebles más del 28 por ciento según datos registrales, nueve puntos más que en el resto de España. Según el Deutsche Bank la construcción estará en España en el dique al menos hasta el 2011.
Pese a esta paralización, el conseller Juan Cotino, que tiene rango de vicepresidente del gobierno autónomo, impulsa la nueva normativa urbanística para conseguir ganancias reales ambientales y ha sometido el borrador a un debate en internet donde ya hay registrados más de tres mil comentarios. En caso alguno se espera que este proyecto adquiera carácter de ley antes de la próxima legislatura autonómica, lo que lleva a los partidarios del urbanismo de Rafael Blasco a preguntarse por el interés del conseller, con implicaciones familiares en importantes empresas constructoras.
Blasco, que ya fue el conseller de Urbanismo con el gobierno socialista de Joan Lerma, llegó a tener encima de la mesa más de 175 PAI (Programa de Acción Integral) para tramitar por la LRAU (Ley Reguladora de la Actividad urbanística). Pese a los sucesivos cambios en esta consellería, en 2010 gran parte de ellos siguen sin la aprobación definitiva, con lo que no se han iniciado las obras de urbanización ni de construcción de las viviendas. Parte de la propiedad de los mayores proyectos están ahora en manos de entidades bancarias y cajas por el apalancamiento financiero de los agentes urbanizadores.
Con la ley que impulsa Cotino el suelo reclasificado que no se haya desarrollado en un año será desclasificado y volverá a ser rústico, con la pérdida del valor del precio del suelo adquirido por el agente urbanizador. A partir de ese momento el impulso de promoción urbanística será exclusiva competencia de cada ayuntamiento.
