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El Ayuntamiento pagará 471.918 euros de Renta Garantizada de Ciudadanía para las familias sin recursos en 2017

    El Ayuntamiento de Quart de Poblet pagará 471.918,08 euros de Renta Garantizada de Ciudadanía, aprobados por la Generalitat Valenciana, para las familias sin recursos de Quart de Poblet. Además, también destinará 147.829,76 euros para los primeros meses de 2018, por lo que la suma total asciende a los 619.747,84 euros.

    Durante estos primeros meses de 2017 han sido 87 familias las que han cobrado esta prestación que desde el año 2013 ha aumentado en más de un 214% su cobertura, triplicando el presupuesto destinado a las personas beneficiarias con el objetivo de garantizar unos ingresos mínimos para cubrir sus necesidades más básicas y, en consecuencia, propiciando que el Ayuntamiento tenga que destinar menos dotación a las ayudas municipales en este ámbito porque las familias ya están atendidas.

    El pasado año, 131 familias cobraron la Renta Garantizada de Ciudadanía por un importe total de 307.080,55 euros, que fue complementado con las ayudas a la alimentación que el Ayuntamiento de Quart de Poblet lleva facilitando varios años y que en 2016 ascendieron a 81.505,00 euros. “Estas ayudas se dispararon en los peores años de la crisis hasta los 152.972,00 euros en 2014, paliando en muchas ocasiones los retrasos por parte del anterior gobierno de la Generalitat Valenciana en la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía”, tal como explica la Concejala de Bienestar Social, Maite Ibáñez.

    De este modo, las familias de Quart de Poblet han tenido cubiertas las necesidades básicas de alimentación de todas las personas de la unidad familiar durante todos los días del año. Por su parte, Caritas Interparroquial de Quart de Poblet complementa en determinadas situaciones la cobertura de alimentación a través del Economato Social que gestionan en un local cedido por el Ayuntamiento.

    La renta garantizada de ciudadanía es una prestación económica gestionada por la red pública de servicios sociales, de carácter universal, vinculada al compromiso de los destinatarios de promover de modo activo su inserción sociolaboral y cuya finalidad es prestar un apoyo económico que permita acceder a un adecuado bienestar familiar y personal a quienes carecen de recursos suficientes para mantenerlo, atendiendo a los principios de igualdad, solidaridad, subsidiariedad y complementariedad.

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