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La nueva Diputación invierte 35,88 euros por habitante para mejorar todos los pueblos

    Las ayudas económicas impulsadas por el Gobierno de la nueva Diputación de Valencia, con destino a la realización de inversiones financieramente sostenibles de los municipios y entidades locales menores de la provincia ascienden a un total de 71’2 millones de euros.

    El presupuesto se distribuirá entre todos los pueblos, siguiendo un criterio poblacional y según el último censo cerrado del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2014, lo que supone una inversión de 35,88 euros por habitante para un total de 2.548.898 ciudadanos.

    Además, la corporación ha previsto una inversión mínima y fija de 50.000 euros por pueblo, en los 118 municipios existentes con menos de 1.500 habitantes, y un total de 5.000.000 euros para las pedanías de Valencia.

    Las entidades locales solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como reflejar presupuestariamente la inversión subvencionada por la Diputación.

    La corporación subvencionará inversiones dedicadas a obras de saneamiento y abastecimiento de aguas, recogida y tratamiento de residuos, alumbrado público, protección del medio ambiente y mejora de las infraestructuras agropecuarias y sistemas productivos.

    También, a actuaciones relacionadas con la industria, la energía, el comercio, la promoción turística, el transporte, los recursos hidráulicos, la investigación científica y técnica, la sociedad de la información y la gestión del conocimiento.

    Otras obras subvencionables serán las referidas a la ordenación del tránsito y el estacionamiento, las vías públicas, parques y jardines, la protección del patrimonio histórico-artístico, carreteras, caminos vecinales y aquellas gestiones sobre la rehabilitación y la reparación de infraestructuras e inmuebles para servicio público.

    El programa inversor del Gobierno de la nueva Diputación excluye de estos supuestos las inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años, como en la adquisición de mobiliario o vehículos, excepto si se destinan a servicio público de transporte.
     

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