La Associació de Juristes Valencians se adhiere a la manifestación por la financiación justa del 18 de noviembre

La Associació de Juristes Valencians ha decidido mostrar su adhesión a la manifestación por la financiación justa convocada para el próximo 18 de noviembre, e invita a la ciudadanía a manifestarse en defensa de sus intereses sociales y económicos. La AJV participará en la manifestación con el ánimo de mostrar desde el seno de la sociedad civil valenciana la necesidad inaplazable de la Comunitat Valenciana de reformar un sistema de financiación que a todas luces es lesivo para los ciudadanos valencianos y es contrario al principio de solidaridad, que como indica el art 138 del texto constitucional obliga al " establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español", lo que no se cumple en el caso valenciano, ya que pese a estar los valencianos infrafinanciados, como ha constatado el Informe de la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica, somos contribuyentes netos al sistema.

Desde la AJV se considera que la reivindicación de una financiación justa, es la de la defensa de un autogobierno pleno. Cuando desde la AJV se reclama la reintegración del derecho civil valenciano, lo que se hace en definitiva es defender el autogobierno integro tal y como se contempla en el Estatut d´Autonomía emanado de la Constitución. En este sentido desde la AJV se anima también a los participantes en la manifestación a defender la reintegración de la competencia de legislar en materia de derecho civil, por ser otra parte del mismo todo que es la configuración de la autonomía valenciana, que para ser eficaz, debe estar suficientemente financiada y se deben respetar sus marcos competenciales.

Juristes Valencians recuerda que el conjunto de fuerzas políticas, sindicales, empresariales y entidades sociales respaldan el derecho del pueblo valenciano ha tener una administración autonómica con recursos suficientes. Así mismo se destaca que resulta evidente que una mejor financiación reportaría más recursos para invertir en sanidad, bienestar social y educación, y prestar estos servicios a los ciudadanos con más medios económicos como ocurre en la mayor parte de las Comunidades Autónomas.