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La Conselleria de Vivienda adjudica en Càrcer dos viviendas a familias en riesgo de exclusión social

    La Conselleria de Vivienda ha adjudicado dos viviendas sociales en Càrcer a familias que se encuentran en riesgo de exclusión social. Con estas ya son cuatro las viviendas que la Generalitat ha cedido en este municipio desde julio de 2015, dos de ellas a personas que habían perdido su hogar debido a una ejecución hipotecaria.

    En la adjudicación de las viviendas, que han sido reparadas por el Ayuntamiento y en las que ha invertido más de 27.000 euros, han estado presentes la directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), Helena Beunza, así como el alcalde de Càrcer, José Botella, y el teniente de alcalde, Iván Peiratx. En el acto se ha hecho un repaso de la situación de las viviendas públicas que EIGE gestiona en el municipio, y que ascienden a 23. De ellas, 11 están cedidas en venta con pago aplazado y las 12 restantes en alquiler.

    Helena Beunza ha explicado que desde la Generalitat se está realizando un gran esfuerzo por dignificar las viviendas públicas que requiere importantes inversiones. Solo en Càrcer, la Conselleria que dirige María José Salvador ha destinado 34.000 euros en actuaciones de mejora y reparación en el parque público.

    Asimismo, ha comentado que con estas adjudicaciones, la Generalitat "ayuda a los que más lo necesitan" y por ello "se realiza un sistema de baremación por puntos que evalúa la situación de cada familia, beneficiando a quienes tienen menos recursos y viven con dificultades sociales especiales".

    La directora general de EIGE también ha recordado que las personas que acceden a estas viviendas que se ceden el régimen de alquiler social, también se benefician de ayudas para reducir la renta mensual.

    En la reunión también se ha hecho balance del Plan de Normalización iniciado por la Conselleria y el Ayuntamiento de Càrcer para regularizar la situación de las viviendas públicas y que sus residentes tengan al día los pagos, todo ello con la colaboración de los servicios sociales municipales, que son los que conocen de primera mano las necesidades y circunstancias de las familias que solicitan una vivienda social.

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