La Generalitat explica a los ayuntamientos los criterios para valorar la regularización de 195 familias que ocupan viviendas sin título
La Conselleria de Vivienda, a través de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), ha reunido a los representantes municipales de la provincia de Valencia para explicarles los criterios que se han establecido para estudiar el proceso de regulación de las viviendas públicas ocupadas sin título en sus correspondientes localidades.
Para ello, se ha organizado una jornada informativa en la que se ha detallado el proceso de regularización que establece la Resolución de la Dirección General de Vivienda de fecha 4 de abril y publicada en el DOCV el 6 de abril.
La directora general de EIGE, Helena Beunza, acompañada por una técnico de la entidad pública, han explicado a los asistentes este programa de regularización que en la provincia de Valencia puede beneficiar a 195 familias. "Debemos trabajar conjuntamente las administraciones para resolver situaciones complicadas a las que día a día deben hacer frente los servicios municipales", ha declarado Beunza.
Hace dos semanas, la directora general de EIGE ya se reunió con los representantes de la provincia de Alicante para explicarles este mismo proceso. En Torrevieja y Elx, técnicos de EIGE y de los servicios sociales municipales ya han celebrado algunas reuniones individualizadas para analizar, caso por caso, las familias que residen en viviendas públicas ocupadas sin título, antes de julio de 2015, con el objetivo comprobar si cumplen los requisitos establecidos.
"Desde la Generalitat somos conscientes que para llevar a cabo una política de vivienda activa y eficaz es fundamental que haya una comunicación fluida entre la administración local y la autonómica. De ahí la necesidad de estos encuentros que sirven para informar sobre las normas legales existentes que nos permiten cumplir nuestros compromisos, compartir experiencias y resolver las dudas que se puedan dar", ha destacado.
Los ayuntamientos convocados a esta jornada son aquellos en los que la Generalitat dispone viviendas públicas ocupadas sin título. En la provincia de Valencia son: Albaida, Alberic, Alcudia de Crespins, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Alginet, Alzira, Benaguassil, Benifaió, Bétera, Burjassot, Canals, Carlet, Massamagrell, Paiporta, Paterna, Picassent, Polinya del Xúquer, Riba-roja del Turia, Sagunto, Silla, Sollana, Torrent, Xàtiva y Valencia.
Criterios objetivos y subjetivos
En la reunión se han explicado los criterios objetivos y subjetivos establecidos por la Dirección General de Vivienda para que una familia pueda regularizar su situación.
Entre los criterios objetivos destacan: cumplir con las condiciones para ser adjudicatario de una vivienda pública, acreditar una situación de vulnerabilidad y que la vivienda ocupada sea la residencia permanente de la familia antes de julio de 2015. Además, deberán asumir el pago del alquiler que le corresponda y los gastos de la comunidad y permitir el acceso al inmueble a los técnicos de EIGE para comprobar las condiciones de habitabilidad.
La Resolución recoge unos criterios subjetivos en los que deberán demostrar buena convivencia con el resto de vecinos del inmueble, así como el arraigo en el barrio. Para ello, EIGE podrá recabar información de los servicios sociales municipales sobre la conveniencia de la adjudicación.
Hay que tener en cuenta que, muchos ocupantes, cumplen con las condiciones para ser adjudicatarios de vivienda pública y algunos de ellos viven una situación de vulnerabilidad social. En la actualidad medio centenar de familias ocupan sin título una vivienda pública en la Comunitat, de las que cerca de 200 corresponden a la provincia de Valencia.
La directora general de EIGE ha destacado que mediante la nueva resolución "se podrá poner solución a la situación de muchas familias porque el Consell antepone siempre el interés de las familias afectadas". Así lo demuestra la reciente aprobación de la Ley por la Función Social de la Vivienda, que marca "la nueva política de vivienda de la Generalitat con el reconocimiento del derecho a la vivienda", ha concluido.
