El coeficiente municipal pasará del 0,74% al 0,71%
El Ayuntamiento bajará el IBI para el 2017
En cumplimiento del marco presupuestario 2017-2019 acordado al mes de marzo por el gobierno municipal, el Ayuntamiento aprobó en el pleno de ayer una reducción del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la contribución urbana, para el 2017. Concretamente, se hace una rebaja del tipo impositivo del 0,74 % al 0,71 %, el más bajo que ha tenido nunca el Ayuntamiento de Meliana.
Cómo explica la primera tinenta de alcalde y regidora de Hacienda, Maria Pilar Asensio, "el gobierno municipal estamos trayendo adelante una política fiscal equilibrada y planificada que pondera la bajada de la presión impositiva sobre la ciudadanía y a la vez garantiza el equilibrio presupuestario del Ayuntamiento.". La reducción ahora aprobada supondrá unos 100.000 € menos de ingresos en los presupuestos del 2017.
La responsable municipal recuerda que "en el 2016, la mayor parte de los recibos del IBI ya han tenido una rebaja, que ahora repetimos para el 2017". Este año, la aplicación del IBI ya ha supuesto unos 65.000 € menos de ingresos que al 2015. Así, el año que viene la rebaja acumulada será de unos 165.000 €.
Esta medida también se contemplaba ya en el informe económico y financiero que el Ayuntamiento aprobó en mayo por el incumplimiento de la regla de gasto durante el 2015. Un incumplimiento que, constata Asensio, "se produjo por la mala planificación y la mala gestión del gobierno anterior del Partido Popular, tal como se recogía en el nforme del interventor municipal del 18 de mayo". En aquel informe, se destacaban como dos de las causas principales del incumplimiento haber hecho una reducción demasiado drástica, en sólo un año, de los ingresos por el IBI. Y también no haber previsto en los presupuestos del 2015 el dinero para la compraventa de la casa cantonera del carrel del Sol con la calle Garrigosa, que hoy ya está derrocada. Dos ejemplos claros de una mala planificación.
La regla de gasto es una limitación impuesta por el Gobierno del Estado desde el 2012 que impide en los ayuntamientos gastar más que el año anterior, más allá de una tasa de variación que en 2015 era del 1,3 %.
