La Diputación garantiza la seguridad jurídica a los ayuntamientos adheridos a convenios con los colegios profesionales
La diputada de Asesoramiento Municipal, Asistencia y Defensa en Juicio, Conxa García, acompañada por el jefe de Asesoramiento Municipal, Enrique Moreno, ha asegurado que los servicios jurídicos de la Diputación de Valencia realizarán las alegaciones y los trámites necesarios para garantizar la seguridad jurídica a los ayuntamientos adheridos al convenio de la Diputación con distintos colegios profesionales, ante la inspección llevada a cabo por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
El inspector de trabajo reclama, en una carta a los ayuntamientos, la inclusión de los profesionales, que desde hace 30 años prestan sus servicios de asesoramiento en los municipios de menos de 5.000 habitantes, en el régimen General de la Seguridad Social. Actualmente estos profesionales son autónomos y prestan sus servicios un máximo de 3 horas semanales en cada ayuntamiento o ente local.
Según la carta que los consistorios han recibido, los ayuntamientos deberán pagar las tasas de la Seguridad Social de estos arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos y el resto de profesionales cualificados correspondientes a los últimos cuatro años e incorporarlos a su plantilla de trabajadores, lo que conllevaría un gasto que la mayoría de los municipios no puede afrontar.
Renunciar a tales servicios dejaría a estos municipios sin profesionales cualificados para llevar adelante las licencias de obras, entre otras actuaciones fundamentales para el funcionamiento diario de los entes locales.
Estos convenios, que en la actualidad están suscritos con 16 colegios profesionales, se vienen firmando desde hace tres décadas, “en función de las competencias reguladas en el artículo 36 de la ley 7/85 de Bases de Régimen Local y en base a la Ley de Régimen Local Valenciana”, según ha explicado Conxa García.
Sentencias favorables en Caudete y Fuenterrobles
“Las únicas sentencias de las que tenemos conocimiento son los casos de dos arquitectos técnicos en Caudete y Fuenterrobles, a los que Inspección pretendía encuadrar en el Régimen General de la Seguridad Social”, ha explicado el jefe de área de Asesoramiento Municipal, Enrique Moreno. El propio Moreno ha puntualizado a continuación que, en ambos casos, “la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decidió que no se podía calificar como laboral la relación de estos arquitectos con los ayuntamientos”.
Las sentencias del TSJCV, de 2 de junio de 2009 y 12 de enero de 2010, se basaron en tres argumentos: por un lado, que en el caso de ambos trabajadores, no había una dedicación completa, al tratarse de un servicio de dos horas semanales; en segundo lugar, no había exclusividad; y, por último, la cantidad percibida, pese a ser fija, se facturaba como retribución mercantil.
Los municipios tienen garantizada la defensa jurídica
Desde la Diputación de Valencia se ha contactado con la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana para solicitar una reunión urgente en la que tratar este asunto y encontrar la mejor solución para los municipios.
Asimismo, según ha declarado la diputada Conxa Garcia, desde el Área de Asesoramiento Municipal de la institución provincial se va a informar a los ayuntamientos de los pasos a seguir. “De momento no deben realizar ningún trámite porque serán los servicios jurídicos de la Diputación los que asuman esta gestión”, ha declarado Garcia.
La diputada de Asesoramiento Municipal ha asegurado que, desde la Diputación, “continuaremos al lado de los ayuntamientos y les defenderemos desde el minuto uno hasta el último, agotando todos los recursos”.
Según las informaciones recibidas desde el Ministerio, las inspecciones empezarán a realizarse el 3 de junio. En cada uno de los ayuntamientos tendrán que levantar un acta de inspección y, a partir de entonces, se podrán presentar los recursos correspondientes.
