La Diputación asume las prestaciones económicas de emergencia social en los pueblos pequeños
El Área de Bienestar Social de la Diputación de Valencia contempla dentro de los presupuestos destinados a Servicios Sociales Generales, que se distribuyen entre los ayuntamientos de la provincia con una población inferior a 20.000 habitantes, las prestaciones económicas de emergencia social.
Esta partida, que asciende a 915.598 euros, tiene como finalidad atender necesidades básicas y urgentes para superar situaciones temporales de precariedad, tales como gastos de vivienda habitual, alimentación y desarrollo personal de la tercera edad.
Igual que todos los años, estas ayudas de emergencia sirven para evitar que los vecinos que atraviesan una situación crucial, de la que son conocedores los servicios sociales municipales, reciban la ayuda para afrontar los gastos de la vivienda, el suministro de agua, luz, gas y alimentación.
La corporación provincial ha destinado para este año 3.950.000 euros a Servicios Sociales Generales (en los que se incluyen las ayudas de emergencia) que beneficiarán a 505.000 vecinos de la provincia, a través de sus ayuntamientos, agrupaciones o mancomunidades en las que se enclaven los servicios sociales de su localidad.
La diputada de Bienestar Social, Amparo Mora, ha explicado que “ dentro de la partida presupuestaria destinada a los Servicios Sociales Generales, la Diputación siempre ha incluido la ayuda de emergencia que se destina a ayudar a las familias que atraviesan situaciones de precariedad a hacer frente a los gastos básicos de luz, agua, gas y alimentación, entre otros”.
Compromiso con las entidades locales
La Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el Ámbito de la Comunidad Valenciana, establece en su artículo 6 la competencia de las diputaciones provinciales relativa a la cooperación y la ayuda técnica y económica a los municipios para el adecuado ejercicio de sus funciones en el ámbito de los servicios sociales, asegurando la financiación de las prestaciones básicas del sistema público de servicios sociales, todo ello sin perjuicio de las competencias previstas por la legislación de régimen local.
Asimismo, esta Ley atribuye a los municipios la titularidad y gestión de los Servicios Sociales Generales como la fórmula más adecuada para garantizar la cobertura de las necesidades sociales prioritarias de su ciudadanía, reconociendo la labor desempeñada por la estructura de gestión pública más cercana al ciudadano e integrada por equipos interdisciplinarios de profesionales especializados, la cual asegura el acceso de toda la población municipal a sus derechos sociales.
Así pues, la Diputación Provincial de Valencia aporta la financiación de la red básica de servicios sociales de las 187 entidades locales que viene atendiendo, según la distribución acordada en su momento con la Conselleria de Bienestar Social dentro del Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales con las corporaciones locales.
