El pleno de la Diputación de Valencia aprueba la moción de Compromís contra el canon a las bibliotecas públicas
Con los votos a favor de Compromís, PSPV-PSOE y EUPV y con el absención del PP, solicitará en el Gobierno español que declare la totalidad de bibliotecas públicas exentas del pago del canon por préstamo de obras
El Diputado Provincial de Compromís, Emili Altur se ha felicitado por la aprobación de esta moción, puesto que, según ha afirmado, "las bibliotecas públicas son un espacio para que la ciudadanía, sin distinción de clases sociales o recursos económicos pueda acceder con igualdad de condiciones al mundo de la cultura y el conocimiento"
Tal y cómo explica la moción presentada por el Grupo de Compromís en la Diputación de Valencia, el próximo pasado 1 de agosto el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, mediante el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autoras miedo los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público, norma con que el Gobierno de España transposa a la legislación estatal la Directiva 2006/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. Si bien el artículo 1.1 de la mencionada Directiva europea impone en los Estados miembro de la Unión Europea la obligación de reconocer a los autores el derecho de autorizar o prohibir el préstamo de originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor, esta obligación se matiza en el artículo 6.1 de la misma Directiva que permite establecer excepciones en la obligación en cuanto a los préstamos públicos y que se podrá determinar libremente por los Estados miembros teniendo en cuenta los objetivos de promoción cultural de cada Estado.
A largo del Real decreto 624/2014 se establece el sistema de cálculo de las remuneraciones por el préstamo de obras protegidas por derechos de autor que se lleven a cabo a los establecimientos accesibles al público (artículo 1). Se exime de la obligación de remuneración a las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español (artículo 2.2.b) y a los establecimientos de titularidad pública que presten servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes (artículo 2.2.a). Este criterio hace que el grupo proponente de esta moción nos preguntemos por qué los municipios de población superior a los 5.000 habitantes no pueden beneficiarse de esta exención. Por otro lado, el mismo Real decreto 624/2014 regula que las cuantías del canon se tendrán que calcular a razón de multiplicar por 0,05 euros el número de usuarios inscritos de cada biblioteca (artículo 7.4) y de multiplicar por 0,004 euros la cantidad de obras que hayan sido objete de préstamo en cada establecimiento durante el año correspondiente (artículo 7.3).
El portavoz de Compromís a la corporación provincial ha afirmado que "si ya nos resulta un contrasentido un sistema que penaliza las bibliotecas más dinámicas cuanto más consiguen fomentar la lectura entre la ciudadanía, todavía es más difícil de entender la obligación de pagar 0,16 euros por cada obra adquirida anualmente hasta el 31 de diciembre de 2015, tal como establece la disposición transitoria primera del Real decreto hasta la entrada en vigor del artículo 7.3. A nuestro parecer, el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes otorga con esta regulación una relevancia mayor a intereses de asociaciones privadas como por ejemplo CEDRO (equivalente de la SGAE para el sector del libro), en cuenta de defender una cultura de libre acceso por parte de la ciudadanía; lejos de defender los intereses generales, graba los escasos recursos financieros de las administraciones locales con pagos a favor de asociaciones privadas. Además, es cuestionable que esta medida sea beneficiosa para los autores, dado que el reparto del canon no puede comprobarse por la falta de transparencia de las entidades de gestión".
Por último, Altur, ha propuesto que "desde el grupo proponente de la moción, nos hacemos eco y nos adherimos al manifiesto que lectores, bibliotecarios, escritores, libreros, editores, intelectuales, artistas, científicos, maestros y profesores firmaron contra la Directiva europea que inspira ahora este Real decreto, que entre otras cosas afirma que el dinero recaudado no irán a parar a los autores, si no a las entidades privadas de gestión, que la imposición del canon acabará afectando en los presupuestos para la adquisición de libros de las bibliotecas, afectando así a autores y lectores, que las bibliotecas no compiten con las librerías, puesto que permiten la permanencia y disponiblitat de obras, o que las bibliotecas ya pagan derechos de autor cuando adquieren libros".
