Campos: “La prórroga de los contratos de gestión de hospitales sin haber vencido aún el plazo de concesiones es un engaño a la voluntad ciudadana”

El secretario de Sanidad del PSPV de la provincia de Valencia, Ricardo Campos, ha denunciado esta mañana el silencio de la Generalitat Valenciana ante el informe de la Comisión Nacional de la Competencia que reafirma el supuesto trato de favor a determinadas empresas de gestión de sanidad. Según Campos, “el gobierno valenciano salió al paso de las informaciones ofrecidas por la Comisión negándolo todo pero no ha proporcionado ningún argumento, ni dato, ni respuesta convincente sobre las denuncias realizadas hace ya tiempo por el PSPV y ratificadas por el informe de la Comisión”.

“Es mas, ha dicho el responsable provincial de Sanidad, días después se conoció la pretensión de las empresas por alargar los contratos aún sin que estos estuvieran vencidos y tampoco en este tema han aclarado nada. Todo esto es un engaño a la voluntad ciudadana”.

Desde el PSPV se ha mantenido siempre “una postura firme y decidida por la rentabilidad social de la sanidad pública, no por la rentabilidad económica, ha insistido Campos, por lo que siempre nos hemos opuesto al modelo de gestión propiciado por el PP en la Comunitat y sobre todo a que la opacidad y la falta de transparencia, continua y continuada, sean la norma”.

“Desde el PSPV no vamos a consentir que la administración pública haga dejación de funciones tan importantes como la planificación sanitaria y el control de la calidad y propicie además que determinados actores económicos utilicen instalaciones supuestamente públicas, para hacer negocios privados”, ha insistido Campos.

Desde el PSPV se quiere insistir en que “la medicina privada tiene su espacio y es legítima, pero debe ser una opción para la sociedad y nunca una imposición a la trágala alimentada por fondos públicos”. Estamos, ha dicho el responsable de Sanidad, por la rentabilidad social de una sanidad pública financiada con impuestos. Y eso no quiere decir que no precise de una gestión seria, eficaz y eficiente. Atribuir como un dogma de fe que la gestión privada lo hace mejor sin aportar pruebas es, simplemente, un engaño”.

La ciudadanía tiene que saber “que nuestro modelo no es hacer negocio con sus impuestos a costa de su salud y que, por tanto, cuando gobernemos la progresión de este modelo se acabará. Y eso es apostar por la igualdad y el progreso”.

Dos caras de una moneda: Alzira y Mislata

La provincia de Valencia ha sido la pionera en padecer la implantación del modelo más extremo de privatización de un servicio público esencial como es la sanidad pública. Ha servido, y sirve, de laboratorio de pruebas para aplicar las doctrinas del neoliberalismo por parte de la derecha política más conservadora.

Comenzó hace quince años con la apertura del Hospital de la Ribera en la localidad valenciana de Alzira. Se creó un Área de salud nueva (ahora Departamento) que se adjudicó, mediante la figura jurídica de la concesión administrativa (pensada en origen para la obra pública) a una UTE llamada Ribera Salud. Esta UTE y su asociada, la compañía de seguros Adeslas, se comprometieron, a cambio de una asignación económica (cápita) determinada por habitante y año, a proporcionar la prestación sanitaria integral a los habitantes de la comarca (240.000 habitantes).

Este hospital es la “marca de la casa”. Después de resistir los embates mediáticos, sociales, políticos y sindicales, gracias a la defensa y apoyo sin fisuras del gobierno del PP en la Generalitat Valenciana, incluyendo la inyección de ingentes cantidades de dinero, el llamado desde entonces “modelo Alzira” se fue extendiendo progresivamente a otros Departamentos de Salud. En la actualidad ya son cinco. Y como el Hospital de la Ribera es la marca de la casa, goza de todo el mimo por parte de los gestores y de la administración pública. Así pues, es la cara de la moneda.

La cruz es el Hospital de Manises, el último en construirse, y también ubicado en la provincia de Valencia. Hay una diferencia muy importante con el Hospital de la Ribera, ya que aquel se construyó en una comarca que no disponía de estos recursos y, por tanto, para la población de la Ribera todo era bueno sin que se cuestionara el modelo, a priori, por parte de la población. En cambio el Hospital de Manises, se encajó literalmente en una zona donde no hacía ninguna falta y que disponía de un excelente servicio sanitario público y con las expectativas de que entrara en funcionamiento el Hospital Militar, completamente equipado, cedido por el Ministerio de Defensa a la Generalitat Valenciana con el compromiso de ser utilizado para complementar la sanidad valenciana. Se le asignó una población de 150.000 habitantes, pero al ser poco “negocio” para los adjudicatarios (Ribera Salud + Sanitas), con nocturnidad y alevosía por parte de la Consellería de Sanitat se sectorizó a la población de Mislata (45.000 habitantes) para que la cuota de negocio fuera mayor.

Este Hospital ha sido desde principio un desastre, muy poco apreciado por la mayoría de la población asignada, que con anterioridad eran atendidos en centros acreditados de la sanidad pública valenciana y desde su apertura hasta hoy está cuestionada su actividad de forma permanente. Y para colmo de males, y debido a que el “chollo” estos últimos años ya no era tan sustancioso para los adjudicatarios, Ribera Salud vendió su parte a la aseguradora Sanitas que, en la actualidad es la propietaria de todo el negocio. Y resulta que Sanitas, aunque suena muy español, es propiedad de BUPA, un fondo de capital de riesgo británico por lo que, paradójicamente, las decisiones que afectan a la salud de 235.000 valencianos y valencianas se toman en despachos situados en la ciudad londinense.