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El PSPV le toma la palabra a la consellera Bonig sobre el pago de las ayudas por vivienda y alquiler y el cheque vivienda

  • El vicesecretario de Políticas Sectoriales de la Agrupación Local del PSPV-PSOE de Castellón, Nuño Jiménez, exige a la Consellería que reconozca la deuda con los afectados e insiste en la necesidad de poner en marcha una línea de pago

Los afectados por el impago a las ayudas por vivienda, el cheque vivienda y las ayudas al alquiler por el momento no tienen mejor garantía que las palabras de la Consellera Bonig, al asegurar que estas no prescriben, si bien después de tantas afirmaciones contradictorias a respecto en la propia Consellería, todos sabemos que las leyes no cambian en dos meses. Afirmar que el PSPV es un “agitador social” por dar apoyo e información a la Plataforma de afectados, no calmará los ánimos de los afectados, que disponen de una resolución en firme que no debiera prescribir. A partir de este año, la consellería ha cambiado los impresos con el mismo formato que los utilizados hasta ahora pero en los que figura el reconocimiento de la ayuda únicamente. En cambio los afectados, si tienen la cuantía asignada y la resolución aprobada por la propia consellería.

El vicesecretario de políticas sectoriales del PSPV, Nuño Jiménez, considera que es necesario un reconocimiento, por parte de la consellera, del número de afectados, que se estima en unos 50.000 en toda la C.V. y de la cuantía total, entorno a los 250 millones de euros, como primer paso para un inmediato pago de unas ayudas que se remontan al año 2009 en muchos casos, año en el que se estima que se dejaron de pagar. Jiménez insiste en la necesidad de poner en marcha urgentemente una línea de pago con un calendario que permitan saldar las deudas con los beneficiarios por orden de antigüedad atendiendo a la prelación de los casos. Una administración impagadora como la Generalitat, debería priorizar a las personas que tienen resolución de pago efectivo, ya que existen numerosas situaciones de afectados en VPO, con hipotecas elevadas a las que deben hacer frente, anticipos bancarios, desahucios, comunidades enteras que rehabilitaron elementos comunitarios de la escalera para garantizar la accesibilidad, instalación de ascensores, etc. que llevan más de 4 años esperando las ayudas. En muchos casos, jóvenes y personas mayores con problemas de movilidad, que por estos impagos ven agravada una situación, ya de por sí compleja en los momentos actuales de crisis.

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