El PSPV solicita la comparecencia de Illueca para que aclare las irregularidades en el IVF
El portavoz de Hacienda del grupo socialista en Les Corts, José Muñoz, ha solicitado hoy la comparecencia de forma urgente del director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, para que explique en sede parlamentaria “las irregularidades detectadas por la abogacía de la Generalitat en la concesión de los créditos del IVF a dos consultoras para la organización del ‘Valencia Global Growth’” así como la implicación de la cúpula de la conselleria que dirigía Máximo Buch. En este sentido, Muñoz ha incidido en que “una vez más ha quedado demostrado que en cada cosa en la que intervenía la Generalitat bajo el mandato del PP se producían irregularidades” y ha lamentado que para el anterior ejecutivo “lo habitual y lo normal fuese no cumplir las normas en materia de contratación del sector público”.
Además, y tras conocer que desde el IVF se concedieron hasta 4’5 millones de euros en créditos participativos a dos consultoras para la organización de los “Valencian Global Growth” a través de un procedimiento que, tal y como ha asegurado la abogacía de la Generalitat, “se produjo sin concurrencia, sin publicidad e infringiendo las normas de contratación del sector público”, el dirigente socialista ha incidido en la necesidad de que desde el PP “se aclare por qué se utilizó descaradamente el Instituto Valenciano de Finanzas para llenar los bolsillos de empresas ruinosas de unos pocos en lugar de colaborar con las pequeñas y medianas empresas valencianas que los necesitaban”. De hecho, Muñoz ha señalado que a los numerosos ‘pufos’ conocidos de la SGR ahora hay que sumar los créditos participativos otorgados a estas empresas y ha denunciado el carácter “participativo” de los créditos, que implican que únicamente deben ser retornados si se cumplen los objetivos establecidos, por lo que no existe obligación de devolverlos . “Es sorprendente la facilidad con la que se atrevían a sustituir a la administración pública por operadores privados como responsables de la concesión de créditos con dinero público” ha incidido Muñoz para quien “lo más grave es que además de que estos créditos se hacían sin garantías personales y durante un largo periodo de carencia, eran las propias auditoras las que decidían quienes eran los beneficiarios finales, sin que la administración haya podido controlar en ningún momento las garantías de las 31 empresas que finalmente los recibieron”.
“¿En qué momento y por qué motivo el Consell de Fabra decidió que los procedimientos de publicidad y libre concurrencia y las normas de contratación pública podían eran cuestiones que podían obviarse y pasar a ser responsabilidad de empresas privadas?” se ha preguntado Muñoz antes de señalar que “frente a lo que vende el PP, lo mejor que le ha podido pasar a los emprendedores valencianos es que haya un nuevo gobierno que apueste por la transparencia y la libre concurrencia en los procesos públicos y no otorguen las ayudas únicamente a las empresas amigas”.
