El PSPV propone a la Generalitat actuar de intermediaria entre propietarios y bancos para evitar desahucios

El secretario general del PSPV-PSOE explica que se trata de la firma de un contrato de alquiler con derecho a compra a tres entre la Generalitat, el banco y el propietario y ha remarcado “de los 7048 desahucios que han tenido lugar en 2012, un 60% de hubieran evitado con un presupuesto de 700.000 euros anuales”

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha presentado una pionera propuesta de Ley de Vivienda que convierte a la Generalitat en agente de intermediación preventiva entre el ciudadano y el banco para evitar los desahucios. Así, y tal como ha explicado, la propuesta se centra en la firma de un contrato de alquiler con derecho a compra a tres: entre la Generalitat, el banco y el propietario del piso, al tiempo que ha remarcado que la Generalitat “debe ser un agente activo y no seguir de brazos cruzados ante un problema de miles de valencianos que están abocados a la exclusión”. Del mismo modo, ha incidido en que, de los 7048 desahucios que han tenido lugar en la Comunidad Valenciana en 2012, “un 60% se hubieran evitado con un presupuesto de 700.000 euros anuales”.

Puig, tras reunirse con los miembros del Consell de Infraestructuras del PSPV-PSOE que preside Eugenio Burriel, y la secretaria de Vivienda socialista y portavoz de esta área en Les Corts, Mª José Salvador, ha incidido en que “es evidente que la Comunitat valenciana es una de las más afectadas por los desahucios” y ha destacado que “somos la segunda autonomía en número de desahucios, con 19 al día, por lo que es urgente que el Gobierno valenciano asuma la competencia que le da el Estatuto de Autonomía en defensa de la vivienda social”. El líder de los socialistas valencianos ha hecho hincapié en que “nosotros pensamos que el Gobierno valenciano no puede estar también ausente en este asunto, en el que ahora mismo no está a la altura de las circunstancias, ya que se está mostrando totalmente incapaz de paralizar un drama que lleva a muchos valencianos a la exclusión”, al tiempo que ha destacado que “en estos momentos hay un millón de valencianos prácticamente viviendo por debajo del umbral de la pobreza y abocados a la exclusión social”.

El secretario general del PSPV ha señalado que el Estatuto de Autonomía “es un buen instrumento, que en la parte social está totalmente abandonado por parte del Gobierno valenciano, pero que debe cumplir con sus obligaciones”. Así, ha apuntado que “siguiendo el desarrollo de los artículos 14 y 15 de nuestro Estatuto estamos planteando esta Ley de la Función social de la Vivienda”. Por eso, ha destacado que “asumimos nuestra responsabilidad de fiscalizar al Gobierno, pero también nuestra capacidad de presentar una alternativa”, mientras que ha apuntado que los socialistas valencianos “nos sentimos especialmente orgullosos de presentar esta ley por el trabajo enorme que ha hecho el consejo de Infraestructuras, Territorio y Vivienda, y porque el texto va más allá de las propuestas realizadas por otras comunidades”.

Puig ha destacado que “se trata de un texto pionero, porque lo que plantea es actuar desde el Gobierno valenciano antes del desahucio”, al tiempo que ha resaltado “todos los planteamientos que se habían anunciado partían de una situación post desahucio, mientras que nosotros pretendemos que la Generalitat se convierta en un agente de intermediación preventiva para evitarlo a través de la firma de un contrato a tres entre la Generalitat, el banco y el ciudadano para que éste último pueda mantenerse en su casa”. En este sentido, ha aclarado que “lo que se plantea es una expropiación de usufructo a tres años, que el banco se quede con la propiedad, pero que quien la ostente sea el ciudadano y su familia”.

Finalmente, el líder de los socialistas valencianos ha hecho hincapié en que “lo que planteamos en esta ley es que la Generalitat tiene un compromiso con los ciudadanos según marca nuestro Estatuto y tiene la obligación de dar respuesta a una competencia exclusiva como es la vivienda; que debe dar soluciones urgentes como la que planteamos desde el PSPV y que no se puede estar con los brazos caídos sin hacer absolutamente nada”.

Contrato de arrendamiento con opción a compra

Por su parte, la secretaria de Vivienda del PSPV-PSOE, Mª José Salvado, ha incidido en que “se trata de una proposición de ley de carácter preventivo, porque plantea intervenir cuando se inicia el proceso de ejecución y, por tanto, antes de desahucio”. Así, ha explicado que sería en el momento inicial, cuando le banco comunica que se va a producir el desahucio a la Generalitat, “cuando esta debería intermediar para impulsar este contrato de arrendamiento, que tendría una duración de tres años, prorrogable a otros dos”, al tiempo que ha destacado que “este contrato con opción a compra sustituye al de compraventa en el momento de la resolución judicial del alzamiento, lo que garantiza que la persona se queda en su casa y pasa a ser arrendatario”.

Sobre este supuesto, Salvador ha puesto un ejemplo gráfico apuntado que en el caso de que se iniciara un proceso de ejecución hipotecaria sobre una vivienda escriturada por 120.000 euros, el precio de la vivienda pasaría a 60.000 euros por el decreto De Guindos a la firma del contrato. Al mismo tiempo, la Generalitat pagaría 150 euros mensuales a la entidad financiera, mientras que el arrendatario aportaría una cantidad que no excedería del 25% de los ingresos de la unidad familiar. De esta forma “podría quedarse su casa y a los tres años ejercer la opción de compra amortizando todo lo que ya hubiera pagado”.

Así, la portavoz de Vivienda ha hecho hincapié en que la aportación de la Generalitat “hará posible la permanencia del propietario en la vivienda, que asumiría una serie de condiciones”. Las condiciones para que pueda darse este contrato de arrendamiento son que el precio de la vivienda puede bajar hasta un 50% siguiendo los criterios del Real Decreto Ley 2/2012 de 3 de febrero de saneamiento del sector financiero (que supone hacerle una quita al banco sobre el precio de la vivienda); del mismo modo, la Generalitat se subroga en el pago del alquiler (la renta mensual vendrá determinada por la doceava parte del 3% del precio reajustado de la vivienda) y el particular (anterior propietario y ahora arrendatario) debe aportar una cantidad no superior al 25% de sus ingresos.

Otras propuestas

Por otro lado, la propuesta del PSPV-PSOE contempla, en caso de no formalizarse el contrato de arrendamiento obligatorio, la expropiación forzosa del derecho de usufructo temporal de la vivienda por un periodo de tres años por parte de la Generalitat Valenciana. De este modo, el Consell pagaría al banco un justiprecio del 2% anual, mientras que el arrendatario procedería a abonar una cantidad en concepto de alquiler no superior al 25% de los ingresos de la unidad familiar, y que en ningún caso superaría el 50% de la cuantía del justiprecio.

Otro de los supuestos que se contemplan en esta propuesta de Ley es el derecho de tanteo sobre las viviendas que pongan en venta las entidades financieras y procedan del lanzamiento de los anteriores propietarios, de forma que pasarán a formar parte del patrimonio público y serán cedidas a los ayuntamientos para su gestión. En este caso, Salvador ha destacado que “tenemos un stock aproximado de 150.000 viviendas del censo de 2011, por lo que nuestra propuesta se centra en movilizar este parque de viviendas y fomentar el alquiler a través de un régimen sancionador que correrá a cargo de los ayuntamientos y que supondrá en el duplo del IBI de las viviendas vacías y en stock si no se alquilan, así como en incentivos a particulares para que alquilen sus viviendas vacías”.

Finalmente, la también diputada y portavoz de Vivienda en les Corts, ha remarcado que la propuesta socialista también incluye otras medidas como la mediación social en el alquiler de la vivienda o la creación de un registro de viviendas deshabitadas y de demandantes.