EU: "La Pobla anula una tasa que permitía cobrar a las empresas de telefonía móvil más de 90.000 euros al año"

El pleno del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, que preside la alcaldesa Mari Carmen Contelles, del Partido Popular, ha anulado la tasa municipal que permitía gravar con un canon económico a las empresas dedicadas a la telefonía móvil por el uso del espacio público del municipio para la instalación de diversas infraestructuras tecnológicas. La razón de esta anulación hay que buscarla en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano que ha declarado ilegales este tipo de tasas económicas por parte de las administraciones locales.

La sentencia judicial estima algunas de las alegaciones que en su día una de las compañías de telefonía móvil interpuso contra la decisión del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona -aprobada en el año 2010- de imponer una tasa económica al entender que las administraciones deben "cuantificar la tasa a la vista de las instalaciones aprovechadas por las operadoras de móviles en el domino local" algo que, a juicio de los magistrados, no ocurría en la ordenanza de la Pobla ya que "descarta a priori una indagación como la impuesta".

La tasa anulada preveía cobrar entre los 632 y los 44.212 euros anuales a las operadoras de telefonía móvil en función de la cuota de mercado y la cantidad de abonados de cada una de ellas. Sin embargo, pese a que la tasa se aprobó en 2010 el Ayuntamiento de la Pobla no ejecutó las directrices que contenía la citada ordenanza ya que en ningún se momento se llegó a cobrar cantidad económica alguna. De hecho, los ingresos se estiman en cerca de 90.000 euros anuales que habrían reportado, por tanto, cerca de 270.000 euros durante el tiempo en vigor de la misma.

Esquerra Unida de la Pobla subraya que esta sentencia judicial "es un nuevo varapalo a la gestión que lleva a cabo el Partido Popular en la localidad y ahora cabría preguntarse por qué se afanaron tanto en aprobar una ordenanza que preveía el cobro de una tasa y, en cambio, decidieron no aplicarla; el PP debería explicar por qué a las grandes empresas esperan a cobrar tanto tiempo y a los vecinos y contribuyentes de la Pobla se les cobra tan rápidamente sin ningún problema".

El portavoz municipal de Esquerra Unida, Javier Descalzo, ha lamentado que una vez más "el Partido Popular de la Pobla se erige en defensor de los beneficios de las grandes empresas antes de pensar en el bienestar de sus propios vecinos que están pasando verdaderas dificultades para pagar los impuestos y las tasas hasta el punto que si no lo hacen deben abonar un recargo de apremio e incluso el ayuntamiento puede llegar al embargo de sus cuentas corrientes y sus salarios".

Descalzo añade que en un corto espacio de tiempo "el PP que encabeza la alcaldesa Mari Carmen Contelles ha recibido severos correctivos por parte del Tribunal Superior de Justicia valenciano en relación a la tasa de telefonía y también por parte del Síndic de Greuges por la actitud del ejecutivo local de no facilitar la información a la oposición de asuntos de interés público; el PP debería cambiar su actitud obstruccionista en aras a la transparencia municipal pues los ciudadanos exigen otras políticas por parte de los mandatarios".