El PSPV denuncia que la Pobla supera los 30 días de pago a los proveedores por una deuda de 1'2 millones de euros de la Generalitat

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona incumple la legislación vigente que obliga a pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días por culpa de las elevadas deudas que las restantes administraciones públicas mantienen con las arcas municipales. Esta demora se traduce en un elevado endeudamiento por parte de estas empresas y en las dificultades de las mismas para mantenerse abiertas y garantizar, por tanto, los puestos de trabajo.

Así lo ha desvelado el Partido Popular que eleva a 1'2 millones de euros la deuda que la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) mantienen desde hace meses con el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona en algunos sectores que son competencia de estas administraciones pero que, por dejadez de las mismas, realiza este municipio como en materia de servicios sociales, infraestructuras, formación, empleo y por diversas subvenciones públicas.

La liquidación del presupuesto de 2012 ha dejado al descubierto un endeudamiento preocupante del 80% sobre los recursos ordinarios cuando el máximo permitido es del 110%, si bien los ingresos que se produjeron en el citado ejercicio económico superaron en 4 millones de euros a los gastos ordinarios del mismo ejercicio (19 millones frente a 15'7).

El PSPV de la Pobla lamenta que las administraciones gobernadas por el Partido Popular "marginen a nuestro municipio a pesar de ser del mismo color político por la escasa influencia de nuestra alcaldesa ya que si ese 1'2 millones de euros estuviese en las arcas municipales la Pobla tendría mejores servicios municipales y se podría rebajar el nivel impositivo tan elevado que sufren nuestros contribuyentes".

El grupo socialista ha añadido, además, que las empresas que abastecen al ayuntamiento "están padeciendo en sus propias carnes la incompetencia del gobierno local por no exigir como corresponde la deuda que las administraciones como la Generalitat o la diputación tienen con la Pobla y que supone el ahogo económico de esas empresas y, en muchos casos, la pérdida de puestos de trabajo que, en el momento en el que nos hallamos supone un auténtico drama en muchas familias y hogares valencianos mientras los gobernantes viven ajenos a esa realidad".

El PSPV vincula esa deuda pendiente con la supresión de 22 puestos de trabajo en el presupuesto de 2012 mientras que los 5 concejales del PP con dedicación exclusiva supondrán un coste global de 290.000 euros al año. Además, el Ayuntamiento de la Pobla pagará un 155% más a la empresa encargada de la recaudación de los impuestos municipales al pasar de los 70.500 euros del pasado año a los actuales 180.000 euros. Todo ello pese a que, al mismo tiempo, el consistorio ha renunciado al cobro de 946.052 euros en materia de impuestos y tasas pendientes de cobrar desde hace años.