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La Pobla aprueba una moción que obligará a los concejales del gobierno y oposición a publicar sus ingresos

La Pobla aprueba una moción que obligará a los concejales del gobierno y oposición a publicar sus ingresos
  • El pleno municipal aprueba una moción del PSOE contra los casos de corrupción

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El pleno del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el PSOE que obligará a los 21 concejales del gobierno y oposición a publicar sus ingresos a raíz de los últimos casos de corrupción que afectan a diversos partidos políticos. La moción ha contado con los votos a favor de PP, PSOE, Compromís, Cupo y Esquerra Unida.

La moción se hace eco de los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en la que la percepción de los ciudadanos respecto de los partidos políticos "ocupan el tercer lugar del ranking de los problemas que preocupan a todos los españoles, seguidos de la inquietud por la corrupción y el fraude económico".

El texto subraya la extensa lista de casos de corrupción vinculados a formaciones políticas de signo distinto que hace "imposible enumerar todas las causas penales abiertas, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación contra miembros de partidos políticos por casos de corrupción" y advierte de que "pocos se libran de esta lacra" por ello se centra en reclamar que los culpables de las acciones delictivas "se responsabilicen de sus actos".

La moción respaldada por todos los partidos políticos propone que el Ayuntamiento de la Pobla "actualice permanentemente y de manera rigurosa" el perfil del contratante donde constan los procedimientos públicos relacionados con la contratación de obras y servicios municipales. Además, la junta de portavoces "consensuará el procedimiento de hacer públicos los ingresos de los miembros de la corporación" de la Pobla.

Por último, se pide a las Cortes Valencianas y al Congreso de los Diputados los cambios legislativos necesarios "para activar las medidas necesarias para asegurar que los acusados formalmente por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni seguir ostentando cargos públicos".

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