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La oposición fuerza a la alcaldesa a convocar un pleno para pedir la dimisión del edil que examinó al concejal del PP de Llíria contratado

La oposición fuerza a la alcaldesa a convocar un pleno para pedir la dimisión del edil que examinó al concejal del PP de Llíria contratado
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    Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona -PSPV, Compromís, CUPO y Esquerra Unida- han obligado a la alcaldesa Mari Carmen Contelles, del Partido Popular, a la convocatoria de un pleno extraordinario para reprobar la actuación del concejal de modernización y nuevas tecnologías, José María Romero, del PP, en relación al proceso de selección de la plaza de monitor de sistemas informáticos.

    La adjudicación de este puesto de trabajo -promovido por la agencia de desarrollo local de la Pobla- recayó en el concejal de deportes de Llíria, Manuel Enguídanos, también del PP, después de que éste presentase una reclamación que le permitió aumentar notablemente la primera puntuación obtenida y, de esta forma, ganar la citada plaza por delante del resto de aspirantes.

    La moción presentada en el registro del ayuntamiento en la mañana de hoy viernes reclama la dimisión inmediata del edil de modernización de la Pobla, José María Romero, "por su actuación en el proceso selectivo de la plaza de monitor de sistemas informáticos" o como alternativa "la retirada por parte de la alcaldesa de todas las delegaciones que desarrolla el concejal".

    El texto de los cuatro partidos de la oposición recuerda que los requisitos de las bases de la convocatoria establecen que los aspirantes "no pueden ocupar un cargo público y, por tanto, el concejal de Llíria no puede concurrir en el proceso" al tiempo que rechazan "cualquier tipo de trato de favor que por razones de afinidad política y amistad personal se pueda conceder a un participante en un proceso selectivo que tiene como objetivo proporcionar trabajo a una persona en paro".

    El escrito propone, además, la creación de una comisión de trabajo formada por un representante de cada grupo político, 3 representantes de los trabajadores y un presidente designado por el pleno con el objetivo principal de "controlar el acceso a la función pública en todos los procesos de selección del personal" y redactar un reglamento que regule el funcionamiento de esta comisión.

    La oposición subraya, por último, la necesidad de que con estas medidas "se garantice la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad así como la transparencia de los procesos selectivos y su agilidad sin menoscabo de la objetividad de la selección" con el ánimo de que en el ayuntamiento "se asegure la imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección".

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