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23/01/2017 | elperiodic.com  

Si Podem: 'Bloqueadas las ayudas de emergencia de más de 25 familias'

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El Ayuntamiento de Petrer no puede ingresar la totalidad de las prestaciones aprobadas por los Servicios Sociales, por no justiciar correctamente los gastos derivados de las ayudas, tal y como viene regulado por la ley.

En la actualidad, la realidad de las familias ha cambiado significativamente, el número de demandantes de ayudas ha aumentado exponencialmente y las casuísticas se han diversificado. A los problemas habituales de incomprensión de la normativa por parte de las personas demandantes, se suman las trabas que imponen entidades bancarias, empresas del sector energético, inmobiliarias, etc., que hacen muy difícil la justificación del gasto al que va destinado, tal y como pretende la ley. Esta Ley General de Subvenciones aprobada por el gobierno de José María Aznar en el año 2003, regula las prestaciones y ayudas que desde los ayuntamientos se prestan a las personas más vulnerables o en situación de emergencia social. Pero la ley es muy inflexible y exige muchos trámites burocráticos, al mismo tiempo que no contempla situaciones excepcionales de las personas demandantes, realidad a la que se enfrentan los profesionales de los Servicios Sociales diariamente.

La Generalitat tiene normativa propia para las Rentas de Garantía Ciudadana o las ayudas al acogimiento familiar, la cual es menos rígida y más ágil administrativamente. Por eso, no entendemos desde Sí-Podem cómo no se ha puesto en marcha ya una normativa específica para las ayudas de emergencia que prestan los ayuntamientos para, así de esta manera, no provocar que 25 familias tengan bloqueadas sus ayudas para alquiler, luz, agua o alimentos.

Por tanto, "emplazamos al equipo de gobierno a que realicen las gestiones pertinentes para que estas situaciones no se produzcan, siendo más previsores y diligentes los departamentos implicados, ya que no es la primera vez que se
produce este hecho, y así garantizar por parte de la Administración el derecho de protección de la ciudadanía afectada por la crisis/estafa".

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