Yolanda Cano señala el riesgo de ampliar la protección a personas discapacitadas a trabajadores vinculados a ellas
Ampliar a los trabajadores vinculados a personas con discapacidad la normativa que protege contra la discriminación laboral por razón de discapacidad puede conllevar algún riesgo a la hora de establecer los límites, según ha indicado la profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos, Yolanda Cano, en la conferencia “Discriminación por discapacidad” celebrada el 2 de junio de 2009 dentro del curso de verano de la UJI “Discriminación y empleo: múltiples causas, nuevos efectos ¿Y las soluciones?”. Cano ha realizado esta reflexión a raíz de una sentencia europea que da la razón a una madre que defendía que la habían forzado a dejar la empresa por tener un hijo con una discapacidad. El tribunal europeo entiende que la discriminación “no se circunscribe a las personas que tengan ellas mismas discapacidad”, algo que a priori la profesora considera positivo, a pesar de que matiza que puede existir un peligro ya que “alguien vinculado a una persona con discapacidad puede ser desde un hermano a un presidente de una asociación”.
En su intervención, Yolanda Cano también ha hecho referencia a una sentencia europea que entiende que discapacidad no es equiparable a una enfermedad y señala que “para que una enfermedad se incluya en el concepto de discapacidad se requiere que sea de larga duración”. De esta forma, no da la razón a una trabajadora española que consideraba que había discriminación por discapacidad al haberla despedido la empresa mientras estaba de baja por enfermedad.
La profesora ha resaltado que en España la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que es la trasposición de una directiva europea, resulta más amplia que ésta. Así, además de proteger contra la discriminación directa, indirecta y el acoso, como indica la directiva europea, considera que también se discrimina cuando hay un incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y cuando se incumplen las modalidades de acción positiva.
En cuanto a la conocida como Ley de Dependencia de 2006, Yolanda Cano considera que está generando numerosos problemas al establecer unos tribunales para determinar los grados de dependencia diferentes a los que ya existían por parte de la Seguridad Social para establecer las discapacidades. “Teníamos una ley que funcionaba y a partir de la que se podría haber desarrollado la parte de asistencia social”, ha señalado, lamentando las “disfuncionalidades” que ha generado la creación de una nueva normativa.
La profesora de la Universidad Rey Juan Carlos ha destacado la importancia de regular la igualdad de oportunidades laborales para un colectivo que supone alrededor de un 10% de la población, ascendiendo a 650 millones las personas discapacitadas en el mundo. Además, “en países como España en los que la esperanza de vida es superior a 70 años, el 11,5% u ocho años de la vida transcurre con alguna incapacidad”.
