Salvador lleva a Les Corts la negativa del alcalde de Navajas a presentar las cuentas de la Sindicatura desde 2005

La vicesecretaria provincial y diputada autonómica, María José Salvador, ha registrado en Les Corts una batería de preguntas dirigidas al Conseller de Hacienda, José Manuel Vela, sobre las presuntas irregularidades contables del alcalde de Navajas, José Vicente Torres, ya que el ayuntamiento ha incumplido de forma reiterada su obligación de presentar las cuentas ante la Sindicatura de Cuentas. En la actualidad, tiene pendientes las anualidades de 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Salvador, en coordinación con el grupo municipal de Navajas, a cuyo frente se encuentra Vicente Almiñana, ha recordado que todos los ayuntamientos tienen el deber de entregar las cuentas a la Sindicatura para poder ser auditadas adecuadamente, y, sin embargo, el alcalde de Navajas no lo hace, lo que está provocando importantes perjuicios a la población, ya que la situación irregular en la que se encuentra le impide acceder a los planes de financiación de su deuda, siendo ésta de las más altas de España (3.396 euros por habitante). El autoritarismo con el que Torres dirige los plenos, de apenas tres minutos de duración y en los que prácticamente no deja intervenir a los concejales de la oposición, ha llevado a los socialistas a preguntar al conseller de Hacienda sobre las presuntas irregularidades contables del municipio, porque "no es justo que los vecinos tengan que pagar los abusos y la conducta de un alcalde que se cree por encima de la ley".

Por estos motivos, la diputada pregunta al Conseller si ha adoptado alguna medida para normalizar esta situación. Además, mientras el alcalde de Navajas no regularice su situación, "la población no puede disponer de los ingresos del Estado que le corresponden, lo que de nuevo tiene fatales consecuencias para los vecinos de la población, que sufrirán con la subida de impuestos, la mala gestión económica de su alcalde".

Para la vicesecretaria provincial, el hecho de que el alcalde esté siendo cuestionado por la propia fiscalía, por un presunto delito de quebrantamiento de condena, ya que fue inhabilitado por un juzgado de lo Penal, "no hace si no perjudicar gravemente la imagen de una población, cuyos vecinos, honestos y honrados, tienen que sufrir las consecuencias de un alcalde que piensa que está por encima de la ley; primero ocultando a la opinión pública que estaba inhabilitado por un juzgado y, segundo, ahora escondiendo su gestión económica municipal ni más ni menos que a la Sindicatura de Cuentas".